La gran industria en España sigue soportando un alto coste energético. A los niveles récord históricos de los precios eléctricos se une petróleo y gas, que siguen su escalada particular. Los combustibles y la electricidad, según datos del IPC de mayo, son los responsables del 40% de la mayor alza en cuatro años de la inflación (2,7%). Y la industria no es ajena a sus efectos. 

Según datos de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas), la estimación actual del precio eléctrico final para la industria electrointensiva en 2021 es de 77 euros/MWh, más del doble que el precio francés. Como llevan reclamando varios años, esto supone un sobrecoste en el consumo eléctrico de estas empresas con respecto a sus competidores de más de 1.000 millones de euros.

"Los altos costes energéticos están mermando la disponibilidad de ingresos de los electrointensivos para afrontar con garantías el reto de la descarbonización en el que están firmemente comprometidos", señala Andrés Barceló, director general de la patronal.

Dividendos del CO2

La subida del precio eléctrico no solo preocupa a los hogares. Pese a que el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que el recorte a las eléctricas por lo que ha llamado "dividendo del CO2" servirá para bajar la factura de la luz, los industriales no lo ven tan claro.

"Este anteproyecto no va a bajar el precio de la luz", explica el responsable de la patronal industrial. "El sistema del mercado marginalista seguirá funcionando como siempre".

En 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que "era perfectamente legal suprimir los 'windfall profit', tras un pleito que inició España con el Gobierno de Zapatero en 2011".

"Desde entonces no se ha hecho nada, y ahora casi 10 años después, presentan un anteproyecto que tardará en aprobarse porque necesita de un cauce parlamentario para poder ponerse en marcha". El directivo coincide en que "es un disparate que el agua cobre la producción de su energía a 80 euros/MWh" pero por otro lado se pregunta, "¿por qué el Gobierno lo limita a centrales de menos de 10 MW?".

"Vamos a presentar alegaciones a este anteproyecto porque tampoco entendemos cómo se van a utilizar esos 1.000 millones de euros que se va a recaudar". En concreto, apunta que hay un principio general que dice que los temas de política social deben ir a PGE y no pagarlos con otros instrumentos recaudatorios, mientras la industria se asfixia con el alto coste energético. 

Compensación de CO2 indirecto

Por su parte, AEGE (Asociación de Empresas con gran consumo de energía) reclama certidumbre en las ayudas del Gobierno para la compensación del CO2 indirecto, el recargo en la factura eléctrica por los derechos de las emisiones que internalizan los generadores térmicos (carbón y gas natural) en sus ofertas al mercado eléctrico.

Como apoya Barceló, "este año el Gobierno había incorporado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dos partidas para que la gran industria recibiera esas ayudas". Una de ellas era 90 millones de euros y la otra 75 millones, "en total 165 millones".

El problema es que "esta segunda partida estaba ligada a que España recibiera los fondos europeos, y Bruselas ya le ha dicho al Gobierno que una cosa no tiene que ver con la otra". 

Lo peor es la diferencia que existe con la industria francesa y alemana. El pasado año, la compensación del CO2 indirecto del ejercicio de 2019 fue de 61 millones de euros, frente a los 266 millones repartidos por el Gobierno francés y los 546 millones del alemán.

Además, estos 61 millones de euros concedidos por el Gobierno español supusieron tan solo un 4,97% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión, que alcanzaron los 1.225 millones. La normativa comunitaria permite dedicar el 25% de lo recaudado.

Y así lo confirma AEGE. Esta discriminación vuelve a repetirse en 2021. En España, el presupuesto previsto para compensar los sobrecostes de CO2 del año pasado es de 79 millones de euros, frente a los 350 millones que recibirán la industria francesa y los 878 millones de la alemana.

"Esta situación perjudica la recuperación de la industria, la economía y el empleo", añade Barceló, y por eso reclama la compensación máxima permitida por la Comisión Europea, destinando este año 220 millones de euros de los 1240 millones recaudados por la subasta.

Esto supone un 18% de los ingresos, lejos del 25% de lo recaudado que autoriza la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que Bruselas permite usar de forma inmediata.

El ‘superciclo’ de las materias primas

Según la consultora Cobas Asset Management, hay muchas señales de que está en marcha la recuperación económica global, combinada con un estímulo monetario y fiscal masivo, así que es de esperar que, como medida de protección y refugio, el aumento de las perspectivas de los inversores sobre la inflación futura es uno de los factores del alza del precio de las materias primas.

En concreto hay tres materias primas que considera claves para el futuro, y que se espera que continúen con su escalada alcista: el gas, el petróleo y el cobre.

"En Cobas pensamos que, cuando la demanda de petróleo vuelva a niveles prepandemia, si la oferta no tiene la capacidad suficiente de atender un nivel determinado de demanda provocará un alza en los precios de la materia prima, que en última instancia generará el incentivo necesario para que se vuelva a invertir en el sector".

Es un suma y sigue en un sector, el industrial con alto nivel de consumo energético, que hace más asfixiante su futuro.