El Gobierno ha llevado a Consejo de Ministros dos propuestas legislativas. El anunciado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y un nuevo anteproyecto de Ley para acabar con la sobrerretribución de las centrales nucleares, hidroeléctricas y las eólicas más antiguas por el coste del CO2. Es lo que han llamado "dividendos del carbono" y se prevé una recaudación anual de más de 1.000 millones de euros.

"Supondrá una reducción de hasta el 15% de la reducción de la factura de los consumidores domésticos e industriales", ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior. 

"Vamos a ir incorporando esas medidas de manera paulatina hasta un plazo máximo de tiempo de 5 años, para acelerar los beneficios positivos en todos los consumidores, impulsando eficiencia, autoconsumo, almacenamiento a pequeña y gran escala, y facilitando la movilidad eléctrica", ha añadido.

Dividendo del carbono

El precio al alza del CO2, que ya roza los 50 euros/TnCO2, supone un beneficio que redunda directamente a las cuentas de resultados de las eléctricas, por lo que el Gobierno quiere que a partir de ahora, sean las familias las que se beneficien. "El precio del CO2 en menos de un año han crecido un 150%, sin que los costes de generación de más del 90% de nuestro parque emitan CO2", ha dicho Ribera.

"Es importante que el despliegue de las renovables estén en nuestro horizonte, pero que no redunde en perjuicio sino en beneficio de los consumidores y puedan acceder a ese dividendo del carbono que solo está llenando las arcas de las empresas eléctricas". 

El anteproyecto de Ley que presenta el Gobierno en primera vuelta pretende eliminar esa sobrerretribución que hasta ahora se conocían como "windfall profit" o "beneficios caídos del cielo". 

Se va a aplicar a las plantas exclusivamente que estaban funcionando antes de 2005, que fue cuando se puso en marcha el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea (ETS EU). Esto significa que el recorte afecta directamente a los ingresos de las grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y Acciona. Son las propietarias de las centrales nucleares y de prácticamente toda la potencia instalada de gran hidráulica en España. 

A estas centrales se les aplicará un coeficiente reductor de ingresos, que tendrán que devolver trimestralmente. El coeficiente dependerá de factores como las emisiones que se estén haciendo en cada momento, qué tipo de centrales están funcionando, y el precio del CO2, entre otras cosas, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta decisión ha provocado el enfado de las eléctricas, que prosiguen su castigo en Bolsa, por la reducción de los ingresos que podría producirse. Tanto es así que fuentes del sector han amenazado con adelantar el cierre de las nucleares o acudir a los tribunales. 

Ante las preguntas de El Español en la rueda de prensa, Ribera ha contestado que será "el operador el que debería garantizarnos si es posible cerrar una central sin riesgo de no contar con la electricidad cuando y donde se necesite".

"Alabé el acuerdo con Enresa y las nucleares cuando estableció un calendario de cierre ordenado con dotación para gestionar los residuos nucleares, y prever el funcionamiento del sistema eléctrico hacia un modelo descarbonizado y seguro". Por eso, entonces cuando la tonelada de CO2 estaba a 20 euros y el precio del MWh a 50 euros, "se vio posible, me parece raro que ahora no lo sea, con un precio del CO2 a 50 y un precio de la electricidad a 80 euros/MWh".

Exentas las de menos de 10 MW

La ley prevé que las centrales eléctricas de menos de 10 MW, las minihidráulicas y algunos parques eólicos previos a 2005, queden exentas de pagar lo que recauden por los precios del CO2.

"Entendemos que no tienen la misma capacidad para hacer frente a esta nueva normativa y además, el objetivo es que siga habiendo incentivos a la inversión en la expansión de la capacidad renovable en el país", han dicho las fuentes del Ministerio.

Según las mismas fuentes, el 90% de la cantidad que se detraiga a las empresas irá a alimentar el FNSSE, cuyo objetivo es pagar la retribución a las renovables, cogeneración y residuos, lo que se conoce como Recore. El otro 10% iría destinado a las Administraciones Públicas para que cubran partidas del bono social para consumidores más desprotegidos.

"Además, no se recaudará el 100% del dividendo del CO2, es decir, todo lo que obtengan las eléctricas por los ingresos del CO2, sino el 90%, el 10% restante se lo quedarán las compañías para incentivar las mejoras y el mantenimiento de sus centrales".

El objetivo final es intentar rebajar la factura de la luz de los consumidores domésticos en un 4%, y del 1,5% la de los consumidores industriales.