El impuesto temporal a la banca fue creado con la intención de gravar los resultados de 2022 y 2023 de las grandes entidades españolas con la justificación de que estaban registrando "beneficios extraordinarios" debido a la normalización de los tipos de interés.

A pesar de que la intención era que los bancos contribuyeran a las arcas del Estado por estas mayores ganancias, lo cierto es que el tributo no grava los beneficios, sino los ingresos por intereses y comisiones de las entidades de mayor tamaño con un 4,8%.

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Se paga con un cierto decalaje, por lo que los bancos afrontan su desembolso en 2023 y 2024, respectivamente. Con todo, fue diseñado para dos años, con la intención de revisarse al término de ese plazo, que llega ahora con el año nuevo.

El Gobierno había amenazado en varias ocasiones con extender este impuesto, que fue configurado como temporal, si bien no había confirmado hasta el momento su ampliación.

Afectará al crédito

El sector bancario se ha mostrado durante los últimos meses contrario a este gravamen y también lo ha hecho tras conocer su extensión. "Tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera en un contexto de incertidumbre económica internacional", han apuntado las patronales bancarias en un comunicado conjunto.

Una nota firmada por la Asociación Española de Banca (AEB) -a la que están asociadas entidades como Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, entre otras- y por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) -de la que forman parte, entre otros bancos, CaixaBank, Unicaja o Ibercaja-.

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"Esta decisión de extender el gravamen afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia. El Banco Central Europeo (BCE) también ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen", apuntan las patronales en su comunicado.

De hecho, los gestores de las entidades a nivel individual ya habían alertado sobre el impacto negativo que este gravamen puede tener en momentos menos boyantes que el actual para la banca, como puede ser la bajada de los tipos de interés que se iniciará dentro de unos meses.

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"Hay ciclos y estamos en un ciclo arriba y el impuesto puede afectar o no. En un ciclo bajo [con bajadas de los tipos de interés], creo que podría afectar de manera importante", advertía hace algunas semanas Héctor Grisi, consejero delegado de Santander.

Otros banqueros se pronunciaron en la misma línea y durante meses han puesto a este impuesto todo tipo de adjetivos. "Discriminatorio", "confiscatorio", "injusto", "un ataque", "un tiro en el pie"... han sido sólo algunos.

Con esta extensión, Sánchez no hace más que plantarle cara a un sector al que tanto él como algunos de sus ministros (especialmente su vicepresidenta Yolanda Díaz) han estado criticando desde que aterrizaron en Moncloa.

Pese a los acuerdos a los que la banca ha sido capaz de llegar junto al Ministerio de Economía, la creación de este impuesto y de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero ha enfrentado a ambas partes en varias ocasiones.

Batalla judicial

La oposición de los bancos a este impuesto no muere con las críticas al mismo, sino que va mucho más allá. Hace ya meses que el sector en bloque recurrió el gravamen a través de dos vías: a nivel individual y a través de las patronales bancarias.

En el primer caso, la gran mayoría de las entidades recurrió la liquidación del impuesto tras pagarlo, mientras que, en el segundo, AEB y CECA impugnaron la orden ministerial que creaba el gravamen ante la Audiencia Nacional.

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Esta batalla judicial, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia en su momento, será muy larga y podría extenderse entre cinco y diez años. Un verdadero laberinto judicial que los grandes bancos están dispuestos a seguir para conseguir la anulación del impuesto, por el que en 2023 han desembolsado 1.120 millones de euros, un 16,4% de sus ganancias a nivel global del primer trimestre.

Y mucho más ahora que el Gobierno quiere hacerlo permanente sin cambios, no como en el caso del impuesto temporal a las energéticas, cuya revisión contendrá incentivos a la inversión para la transición verde.

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De hecho, en su comunicado las patronales advierten de que la extensión del gravamen "se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias".

Algo que no frena al Gobierno. "El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisado", apuntó Sánchez el miércoles en rueda de prensa.