El Gobierno relanza por la vía urgente el proyecto para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que tenía previsto poner en marcha hace unos meses, pero cuya tramitación decayó con la convocatoria de elecciones. Economía ha sometido a audiencia pública el texto del anteproyecto de ley para su creación, si bien las sugerencias respecto al mismo solamente se podrán enviar hasta el día 26 de diciembre.

Es decir, el Gobierno ha abierto un plazo más reducido de lo habitual, de apenas doce días, incluidos dos fines de semana y la festividad de Navidad, para recibir consultas en relación con el anteproyecto de ley que ha sometido a audiencia pública.

Y es que el Ejecutivo quiere que este proyecto se apruebe por la vía urgente al considerarlo "prioritario", según informa el Ministerio de Economía en una nota de prensa. "El objetivo es impulsar una tramitación urgente con el fin de que la nueva Autoridad pueda constituirse lo antes posible", apuntan desde el departamento que dirige Nadia Calviño.

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Lo cierto es que esta Autoridad estuvo a punto de crearse el pasado verano tras muchos años de tramitación. Solamente faltaba el paso del proyecto por el Senado cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del pasado 23 de julio y, por tanto, disolvió las Cortes, de forma que este proyecto, al igual que muchos otros, decayó.

Este anteproyecto, tras su paso por audiencia pública, deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y deberá pasar por una tramitación parlamentaria, en la que se podrán incluir cambios. Y será ya otro ministro el que se encargue de su previsible puesta en marcha, pues Calviño dejará el Gobierno próximamente para incorporarse al Banco Europeo de Inversiones (BEI). Será, por tanto, el cuarto ministro por cuyas manos pase el proyecto.

Cambios

El texto que ahora presenta Economía no es el proyecto original que se aprobó en Consejo de Ministros hace meses, sino que se han incorporado las modificaciones incluidas en la tramitación parlamentaria y que contaron con el respaldo de la mayoría de los diputados. Es el caso de que la financiación de la nueva Autoridad corra a cargo de los bancos y de la recurribilidad de las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil.

En el texto se contempla que los protocolos para la inclusión financiera de mayores y en el ámbito rural serán considerados como normas de conducta, que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos por los bancos. Así, su incumplimiento podrá ser objeto de reclamación ante esta Autoridad.

También se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un Compendio Anual de Buenas Prácticas y Usos Financieros, que será tenido en cuenta por la Autoridad en la resolución de los conflictos.

A través de esta Autoridad los clientes podrán presentar sus reclamaciones de forma gratuita en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera ante un único organismo, que centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente esta última del Ministerio de Economía.

Resoluciones en mes y medio

Las resoluciones se dictarán en un plazo no superior a 90 días naturales y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales y de una cuantía inferior a 20.000 euros.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes, tendrán valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial.

El incumplimiento de las resoluciones vinculantes de la autoridad, así como el cumplimiento tardío o defectuoso, podrá ser objeto de sanción por parte de la autoridad.

Este nuevo organismo se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras y que será variable en función del número de reclamaciones de cada entidad y de las resueltas a favor de los clientes.