El nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del pasado domingo tendrá la opción de dar una buena noticia a la banca y eliminar el impuesto extraordinario al sector para el próximo año. Esta decisión generaría un ahorro considerable a las grandes entidades, que este año han desembolsado más de 1.000 millones por este nuevo gravamen.

En concreto y de acuerdo con un reciente informe de UBS, si el nuevo Gobierno decide derogar el impuesto a la banca y evitar al sector pagarlo en 2024, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter se ahorrarán 854 millones de euros. No se aportan los datos de Santander y BBVA, si bien estas dos entidades han pagado en conjunto este año unos 450 millones por el impuesto.

En concreto, CaixaBank ahorraría 467 millones de euros en 2024; Sabadell, 215 millones; Bankinter, 98 millones, y Unicaja, 74 millones. Cantidades nada desdeñables. Pero eso será si el nuevo Ejecutivo decide retirar a los bancos la obligación de pagarlo en 2024 (es decir, por sus cuentas de 2023), si bien esta situación parece difícil que se dé.

Una derogación poco probable

Inicialmente, el actual Gobierno creó este impuesto con la intención de que los grandes bancos lo pagaran sólo dos veces. La primera este 2023, gravando los ingresos de 2022, y la segunda en 2024, haciendo lo propio con los del actual ejercicio. Este año la banca ha pagado por el impuesto extraordinario unos 1.120 millones de euros, lo que supone el 16,4% de su beneficio global (es decir, el que han obtenido en todos los mercados en los que están presentes, no sólo en España).

El futuro del impuesto extraordinario es por el momento incierto, aunque no parece que los partidos estén muy por la labor de derogarlo para evitar a la banca pagarlo en 2024.

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Sumar ya ha adelantado que su intención es extender la vigencia de este impuesto más allá de este año y hasta que se reforme el Impuesto de Sociedades para obligar a las grandes empresas a aportar más. El PSOE, por su parte, lleva en su programa evaluar el impuesto temporal a la banca y prorrogarlo "si se siguen produciendo beneficios extraordinarios".

En cuanto al Partido Popular, tras semanas de ambigüedad sobre el futuro de los impuestos temporales a la banca y a las energéticas, finalmente sus líderes han reconocido que no derogarán el impuesto. No obstante, Alberto Núñez Feijóo, su presidente, ha apuntado que lo modificará para dotarlo de mayor seguridad jurídica habida cuenta de que las entidades afectadas y sus patronales lo han recurrido.

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Algo que a los bancos no les vale. Hace unos días, durante la presentación de los resultados del primer semestre, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, afirmaba que "no vale con componendas, hay que retirarlo".

Tiempo de hacerlo habría, dado que el nuevo Gobierno se configurará en las próximas semanas y el pago del gravamen por las cuentas de 2023 no se pagará hasta febrero del año que viene.

De acuerdo con fuentes jurídicas, sería posible incluir en la ley que crea estos impuestos temporales una disposición adicional que afirme que el gravamen a la banca sólo aplica a las cuentas de 2022, no a las de 2022 y 2023. Pero eso será sólo si el nuevo Gobierno así lo quiere.