La vicepresidenta segunda del Gobierno no ha dejado tranquilo al sector durante toda la legislatura, pero especialmente en los últimos meses, cuando la fuerte subida del Euríbor a doce meses ha elevado considerablemente la presión financiera sobre las familias.

La defensa de los hogares con hipotecas variables ha sido una constante en el papel de la también ministra de Trabajo, que ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de ampliar las medidas de apoyo a los afectados por la subida del Euríbor.

[El bono de emergencia de Yolanda Díaz sería de 1.000€ por hipoteca y se financiaría con el impuesto a la banca]

Con su programa político quiere llegar más allá. Una de las medidas estrella del mismo es la creación de un bono de 1.000 euros por familia para aquellas que tengan hipotecas variables firmadas en los últimos diez años de un máximo de 250.000 euros (el precio tope de la vivienda será de 300.000 euros).

La medida tendrá un coste de 1.000 millones de euros con cargo a las cuentas públicas, si bien se financiará con los ingresos del impuesto a la banca, pues el gravamen, si Díaz puede aplicar su programa, dejará de ser temporal y se prolongará hasta que se acometa la reforma del Impuesto de Sociedades para que se pague un tipo mínimo del 15%.

Una propuesta que va acompañada del establecimiento obligatorio de la "portabilidad" de hipotecas. Fuentes del partido explican que el objetivo es que, de la misma manera en la que los clientes pueden cambiarse con facilidad de empresa de telefonía, lo hagan también si quieren llevar su hipoteca a otra entidad.

"Cuando se quiere pasar a [tipo de interés] fijo en una entidad o a través de una subrogación de variable a fijo en otra entidad nos encontramos que los bancos han retirado esa posibilidad", afirman las mismas fuentes.

Intervenir los depósitos y las comisiones

La presión contra la banca se redobla con la propuesta de regular los rendimientos de los depósitos bancarios y recortar las comisiones bancarias. Es decir, los de Díaz pretenden obligar a las entidades a trasladar los tipos de interés a la remuneración de los depósitos -algo que en la actual los grandes bancos están rechazando- y creen que con ello se podrán mitigar las crisis de liquidez.

"Se establecerá un mecanismo para vincular los intereses de los depósitos a los intereses de los préstamos. Esto evitará tanto las prácticas oligopólicas como eventuales fugas de depósitos que puedan ocasionar crisis de liquidez en entidades financieras", reza el programa.

Más supervisión

Además, "de manera jurídicamente compatible con el Derecho de la Unión Europea", proponen reforzar el control y la supervisión de la banca. Para ello, quieren crear una autoridad independiente de supervisión que esté adscrita al Banco de España. Cabe recordar que en la actualidad las competencias de supervisión ya las tiene esta institución junto con el Banco Central Europeo (BCE), que supervisa directamente a los bancos más grandes.

Los de Díaz quieren también llevar a cabo la regulación profesional del cuerpo de inspectores y auditores informáticos del Banco de España para que se garantice el acceso a través de un sistema de oposición "que asegure la cualificación e independencia de inspectores y auditores de manera análoga al resto de personal funcionario de la Administración General del Estado".

Yolanda Díaz, candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, durante un mitin del partido. Ramón De La Rocha Efe La Laguna

Dos propuestas que ya habían puesto sobre la mesa los propios inspectores y auditores informáticos del Banco de España, como informó EL ESPAÑOL-Invertia.

Asimismo, Sumar quiere poner fin a la exclusión financiera de los ciudadanos residentes en territorios con poca población. Para ello, la formación pretende regular  los umbrales mínimos de servicios básicos que deben prestar las entidades bancarias por territorio, así como garantizar el derecho de la gente a realizar sus gestiones de forma personal en las oficinas, aunque no concreta cómo.

Correos y la banca pública

Un actor relevante en este proceso, en todo caso, será Correos, para el que Sumar quiere recuperar sus competencias financieras. No solamente buscan que facilite servicios financieros, como ya hace, sino también que tome depósitos.

"Esto contribuirá tanto al objetivo de reducir la concentración bancaria y aumentar la competencia en el sector como a que todas las poblaciones y municipios puedan acceder a servicios financieros básicos y evitar así la exclusión financiera. Esta medida, junto a la creación del banco de desarrollo industrial a partir del ICO, permitirá recuperar una banca pública en España", concluye el partido.

[Los inspectores del BdE piden tener un estatuto y crear una Autoridad de Supervisión para asegurar su independencia]

De hecho, buscan crear un ente público de inversión llamado Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), en línea con el alemán Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW), que sería "una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica". El BINE supondría una simplificación de la red de instituciones financieras públicas, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cofides y ENISA, entre otras.

"Crearemos un banco público para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas. Crearlo a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos. Un banco que también lleve los servicios financieros a la España Vaciada", explican.

"Limitar los oligopolios"

El objetivo principal de la formación es limitar "el poder de los oligopolios", como consideran a la banca, combatir "la concentración excesiva" y promover la competencia en los mercados "con una regulación y supervisión adecuadas".

Y es que, según Sumar, "la vivienda, el crédito, la luz, el agua o la cesta básica de alimentos, entre otros, son bienes de interés general, y el acceso a los mismos debe garantizarse mediante precios que respondan a sus verdaderos costes".