La compañía, surgida del grupo Codere con sede en Luxemburgo, y que cotiza en Estados Unidos, informa en un reciente comunicado al regulador del mercado estadounidense en relación a sus cuentas que, a finales del pasado mes de abril, recibió comunicación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo, sobre una "supuesta infracción a la normativa de juego por no impedir, por un plazo de 24 horas, las actividades de juego online de una persona física que figuraba en el registro general español de prohibiciones de acceso al juego".

Codere indica que actualmente está en proceso "de elaboración de una respuesta a la DGOJ" y que, después de revisar su propuesta, el organismo "podría dar por terminada la investigación sin imponer ninguna sanción" si las explicaciones fueran suficientes.

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En caso contrario, añade la empresa, Consumo podría "iniciar un procedimiento de ejecución por infracción de la Ley del juego española" y señala que la falta de impedimento al juego a personas inscritas en el registro general español de prohibiciones de acceso al juego "se considera una infracción grave y puede dar lugar a multas en metálico de hasta un millón de euros".

Fuentes de Codere consultadas el miércoles por este diario aseguraron que se trata de "un caso particular" e "insignificante en cuantía", pero que en la sección de los riesgos que afronta el grupo se mencionan siempre las mayores sanciones potenciales "independientemente de si, como en este caso, lo más probable es que no se materialicen".

Las sanciones de Garzón

El Ministerio de Consumo, con el que este periódico de contactar sin éxito, interpuso sanciones firmes a 20 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online en España durante el segundo semestre de 2022.

De las 20 resoluciones dictadas por la DGOJ, siete lo fueron por infracciones muy graves y han supuesto la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años. Los operadores, informó el Ministerio dirigido por Alberto Garzón, han sido castigados con multas de cinco millones de euros cada uno por infracciones muy graves, llegando a un total 35 millones.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una imagen de febrero de 2020. Europa Press.

En el caso de las infracciones graves detectadas en otros 13 operadores de juego, las multas ascendieron a 0,56 millones. De los 13 operadores, nueve incumplieron las normas de publicidad de las actividades del juego (multas de 10.000 euros).

Otros cuatro fueron sancionados con multas de entre 125.000 y 160.000 euros por permitir jugar a personas que se habían autoexcluido en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Desde julio de 2021, el ministerio dirigido por Garzón ha abierto expedientes sancionadores en firme a 92 operadores (73 en 2022) imponiendo multas por valor de más de 181 millones.