El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, conversa con el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, durante la última reunión de diciembre de 2024
Bruselas vincula la llegada del quinto pago de los Next Gen a que el Gobierno apruebe el 'impuestazo' al diésel
Sánchez se arriesga a perder parte del dinero si no logra convencer a Podemos de que apoye el gravamen.
Más información: España solicita el quinto pago de 23.900 millones de fondos Next Generation sin haber completado la reforma fiscal
La UE aprieta las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez para que lleve a buen término la reforma fiscal si quiere recibir íntegramente el quinto pago de fondos Next Generation, cuyo importe asciende a 23.900 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 15.900 millones en créditos blandos).
La reforma fiscal es la principal condición impuesta por Bruselas a cambio del tramo de subvenciones, pero se ha ido desintegrando durante su tramitación parlamentaria debido a las exigencias contradictorias de los socios de Sánchez.
Ahora, el Ecofin se dispone a precisar en su reunión del próximo martes 21 de enero, la primera del año, los requisitos mínimos que debe cumplir la reforma fiscal para conseguir el aprobado de Bruselas y con él el desembolso de la totalidad de las ayudas.
Se trata de una doble exigencia: por un lado, la reforma debe incluir de forma obligatoria el 'impuestazo' al diésel que ya ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, una vez completados, los cambios tributarios tienen que aumentar de forma permanente la recaudación en al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB (4.500 millones de euros).
Estos nuevos requisitos sitúan al Gobierno de Sánchez en una posición particularmente delicada, ya que, de momento, no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante la subida del diésel. En particular, Podemos se opone al 'impuestazo' con el argumento de que "lo van a pagar fundamentalmente las familias trabajadoras". Y lo condiciona a que se apruebe también un gravamen extraordinario permanente a las empresas energéticas. Una medida que a su vez rechazan los socios de derechas de Sánchez, PNV y Junts.
Retraso
Tanto el 'impuestazo' al diésel como el gravamen a las energéticas estaban incluidos en la reforma fiscal diseñala por Hacienda, pero fueron tumbados por el Congreso en noviembre.
En su última reunión de 2024, el Gobierno de Sánchez aprobó un nuevo decreto para el establecimiento del gravamen a las energéticas para 2025, aun sabiendo que no se convalidará en el Congreso por el 'no' de PNV y Junts. Al fin y al cabo, esta figura tributaria no es una condición de Bruselas para los fondos Next Gen, según ha desvelado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Sin embargo, la vicepresidenta Montero ha retrasado sine die un decreto similar con el 'impuestazo' al diésel por miedo a que sus socios lo tumben, porque esto sí tendría consecuencias: la pérdida de una parte importante (que debe cuantificar Bruselas) de las subvenciones del quinto pago de fondos Next Gen.
Los nuevos requisitos sobre la reforma fiscal figuran en la modificación del plan de recuperación de España que aprobarán los ministros de Finanzas de la UE el próximo martes.
33 hitos
El Gobierno de Sánchez solicitó el pasado diciembre cambios en un total de 33 hitos y objetivos del plan de recuperación, entre ellos los referidos a cuestiones tributarias. Las correcciones han sido pactadas con la Comisión de Ursula von der Leyen y ahora deben ser ratificadas por el Ecofin.
El nuevo texto propuesto por Bruselas en materia tributaria habla de "la entrada en vigor de reformas derivadas de las recomendaciones del grupo de sabios o de otros análisis del ministerio de Economía en las áreas de fiscalidad ambiental, de sociedades, de patrimonio, de sanidad y de las rentas del capital, que deben incluir entre otras cosas la entrada en vigor de incrementos en el impuesto al diésel", según ha relatado a EL ESPAÑOL-Invertia un portavoz del Ejecutivo comunitario.
"Estas reformas deben generar en el momento de su entrada en vigor un incremento permanente de los ingresos estimado en al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB", señala el portavoz. Ni la subida del diésel ni la cifra concreta del incremento de ingresos exigido figuraban en el texto anterior sobre la reforma fiscal del plan de recuperación de España.
El 'impuestazo' que había diseñado la vicepresidenta Montero -y que rechaza Podemos (también se da por descontado el 'no' del PP y de Vox)- supondría un aumento de este combustible del entorno de los 10 céntimos. Este pasaría de 0,379 euros el litro a 0,47269 euros. Si se hace un cálculo rápido, para un depósito medio de 50 litros supone pagar unos cinco euros más.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, está a favor de apoyar el automóvil.
Ahora bien, esta medida tiene dos excepciones: el gasóleo profesional, que no se verá afectado, y otra más, si el precio del gasóleo sube por encima de los dos euros por litro, el impuesto se reduciría a 0,422 euros. En total, el Gobierno de Sánchez aspira a recaudar entre 1.000 y 1.300 millones de euros. El nuevo impuesto al diésel afectará a 13,10 millones de turismos y casi 6.000 motocicletas. Todo ello sin contar con camiones, furgonetas o autobuses.
¿Cuál es el plazo límite del que dispone la vicepresidenta Montero para sacar adelante esta medida y no perder fondos Next Gen?
El Gobierno ya presentó la solicitud del quinto pago el pasado 20 de diciembre pese a saber que no había completado la reforma fiscal. Pero la Comisión todavía no ha empezado a examinarla a la espera de que el Ecofin apruebe el próximo martes los cambios en el plan de recuperación de España.
A partir de ese momento, Bruselas dispone de dos meses antes de dar su veredicto. Es decir, el ministerio de Hacienda tiene hasta el 21 de marzo para encontrar una solución. También podría pedir una prórroga, pero eso agravaría el retraso que acumula España en la recepción de fondos Next Generation.
