El PIB per cápita español avanzó un 1,2% en 2023, mientras que el de la media de los países del euro retrocedió un 0,4%, una diferencia insuficiente que hace que España siga un 25,9% por debajo del promedio.

Según los últimos datos publicados por Eurostat este viernes, el PIB per cápita español en 2023 fue de 25.210 euros, mientras que el de la media de los países cuya moneda es el euro ascendió hasta los 31.740 euros. La gran diferencia, que fue de ese 25,9% en el último año, es una constante. Hace una década, en 2013, era del 29,15%. Es decir, en diez años la brecha se ha reducido poca más de tres puntos.

Ese margen responde a que el PIB per cápita ha evolucionado de manera similar en la última década. Así, entre 2013 y 2023, la riqueza por habitante en España creció un 15,37%, mientras que lo hizo un 12,48 en el conjunto de la eurozona.

A cierre del pasado año, España ocupaba la novena posición en PIB per cápita, aunque no todos los países han comunicado los datos correspondientes a 2023, como Italia o Luxemburgo. Si miramos un año atrás, en 2022, España ocupaba el puesto decimoprimero en el ránking de los países con moneda única. Hace una década, se situaba en el puesto número 10.

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Como puede verse en el gráfico anterior, el país tampoco sale bien parado en relación con los países de su entorno; es el tercero en el grupo de los cinco principales países mediterráneos. La renta per cápita española es un 32% inferior a la francesa y un 13,4% a la italiana (en este caso, con los datos de 2022).

Atrás quedan los años, antes de la Gran Recesión, en los que España llegó a superar a la bota europea, a finales de 2007. La alegría no duró mucho: en 2010 Italia volvió a coger la delantera.

A esta escasa capacidad para cerrar el diferencial con la media de los socios del euro se suma el impacto de la inflación, especialmente en los últimos años. También según Eurostat, el alza de precios en la última década es del 19%, cinco puntos menos que la media.

Es decir, en los últimos diez años, los precios han crecido casi cuatro puntos más de lo que lo ha hecho la renta por habitante. Algo que, en última instancia, se traduce en una merma de poder adquisitivo.

Baja productividad

El diferencial en el PIB per cápita se explica, entre otras razones, por la brecha en la productividad. En su último informe sobre España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que "el lento crecimiento de la productividad", junto al envejecimiento de la población y la baja inversión, "pesan sobre el potencial de crecimiento de España".

Según los datos de esta institución (que llegan hasta 2022), la productividad española ha crecido un 3,6% en la última década. Por su parte, la de la media de la eurozona lo ha hecho un 6,6%, es decir, tres puntos más. Precisamente, la OCDE apunta a una "productividad empresarial débil" y a las "bajas habilidades de los trabajadores" como la explicación de que los ingresos medios sean más bajos comparados con los de otros países del entorno.

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Una realidad, la de la baja productividad, por la que la Unión Europea ha llegado a llamar la atención a España. Precisamente por eso, el Gobierno se encuentra en pleno proceso de creación del Consejo Nacional de Productividad, con la intención de que esté en marcha antes de cierre de año.

La creación de este órgano -que PSOE y Sumar pactaron en el acuerdo de Gobierno- es una recomendación de la Comisión Europea de 2016. España es uno de los pocos países de la Unión que, hasta la fecha, carecen de este órgano.

Con todo, poco a poco se van conociendo los detalles de cómo será ese Consejo Nacional de la Productividad. Esta misma semana, con la publicación en audiencia pública del Real Decreto para su constitución, se conoció que será el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo quien nombre al presidente del órgano, mientras que Trabajo hará lo propio con el vicepresidente.

El objetivo de esta nueva institución no será otro que analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad. Los datos obtenidos servirán para desarrollar y aplicar reformas que redunden en un crecimiento económico a través de la emisión de opiniones públicas.