Una de las legislaciones que protagonizará próximos cónclaves ministeriales es bien conocida por las batallas internas que está desatando en el seno del Ejecutivo: se trata de la reforma del subsidio de desempleo. Pese a las desavenencias entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz respecto a los futuros cambios, se aprobará sí o sí antes de 2024. 

Posiblemente antes incluso también se apruebe la reforma de la Función Pública. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno acelerará esta iniciativa, que se aprobará en uno de los próximos Consejos de Ministros y tendrá formato de real decreto-ley tras haberlo pactado así con la Comisión Europea. 

De hecho, Bruselas es clave en el rally legislativo que se viene. Para poder pedir el cuarto pago de fondos Next Generation (10.000 millones), España todavía tiene que cumplir varios hitos que se quedaron pendientes por el adelanto de las elecciones generales, que se celebraron en julio. 

Entre ellos, precisamente el subsidio de desempleo y el citado decreto-ley de función pública se encuentran dentro de este conjunto. 

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicepresidenta cuarta.

Este periódico también ha confirmado que en uno de los últimos consejos de ministros del año, se aprobará un decreto-ley ómnibus que abordará, entre otras cuestiones, la ampliación de varias de las medidas del escudo social puesto en marcha por el Gobierno por la guerra en Ucrania. 

Algunas de las iniciativas prorrogadas ya se conocen. Este es el caso de la reducción del IVA de los alimentos básicos hasta mediados de 2024, como avanzó el propio Pedro Sánchez durante su investidura. 

En él tiene que estar la ampliación de las bonificaciones al transporte público, que tienen que cubrir la gratuidad prometida por Sánchez para menores, jóvenes y parados. 

El macrodecreto abordará también cuestiones como la pactada subida salarial de los funcionarios (del 2% como mínimo) y la revalorización de las pensiones de 2024, que está en el entorno del 3,8%. 

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Además, toda medida que tenga que entrar en vigor para el 1 de enero del próximo año seguramente entre en él. De ahí que no se descarte añadir cambios en el campo de los autónomos, en el laboral o incluso en el fiscal.  

No hay que olvidarse de que dentro del maremágnum legislativo del Gobierno también entraría la prórroga presupuestaria, que también tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros y ha sido confirmada por Pedro Sánchez. 

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Por otro lado, este diciembre se podrían incorporar novedades respecto a otros finales de año. Desde el Ejecutivo no descartan que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) se pueda aprobar antes de que acabe 2023. 

A diferencia de otros años, la cercanía de las propuestas de patronal y sindicatos acerca la posibilidad de un acuerdo tripartito en el Diálogo Social. Y Yolanda Díaz ya ha expresado su deseo de que el nuevo SMI salga con pacto social, pese a que no es necesario para su tramitación.