Este es el caso del anteproyecto de Ley de Industria. Pese a que el texto todavía no ha superado el trámite de segunda vuelta en el Consejo de Ministros, ya está siendo negociado con los grupos parlamentarios para facilitar su aprobación. Unas negociaciones que se están avanzando con "todos los grupos parlamentarios", incluido el Partido Popular. 

El Ministerio de Industria, Comecio y Turismo está avanzando en este diálogo para que la tramitación parlamentaria vaya lo más rápido posible. En las negociaciones se está incluyendo al PP y al resto de los partidos de la oposición con el fin de lograr que la Ley de Industria llegue al Pleno del Congreso con el mayor consenso posible, incluso de los contrarios al Gobierno. 

¿Implicará esto cesiones a los populares? Es pronto para decirlo. Para empezar, el Consejo de Ministros tiene que dar aval definitivo al anteproyecto de ley. Esto, según anunció Héctor Gómez -ministro de Industria tras la marcha de Reyes Maroto-, ocurrirá antes de que termine el mes de mayo. 

A día de hoy, el texto está en consulta pública. De hecho, todavía se tendrían que sumar las aportaciones que lleguen por esta vía y que el ministerio juzgue necesarias. 

Incentivos

¿Qué recoge este proyecto? Ordenar e incentivar el sector industrial. El borrador que maneja el ministerio (y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia) prevé la creación de programas de promoción y modernización que vehiculizarán a través de ayudas e incentivos para las empresas, pero que no están formulados.

Sin embargo, para acceder a dichos incentivos, las empresas tendrán que mantener la actividad productiva durante cinco años en el caso de las grandes y tres años si son pymes. 

Se entenderá que no cumplen este requisito cuando se reduzca en más de un 65% su capacidad de producción o se ponga en marcha un despido colectivo. 

Asimismo, el texto recoge planes de contingencia en caso de que una empresa industrial con peso en el tejido productivo se plantee dejar de tener actividad en España. Se denominan planes de reindustrialización. 

Capacidad industrial

Concretamente, cuando haya una "pérdida significativa de capacidad industrial" y la "autoridad laboral competente para la tramitación de expedientes de regulación de empleo sea la Administración General del Estado".

También cuando afecte "a aquellos recursos que sean considerados como de primera necesidad y/o carácter estratégico, así como para garantizar su disponibilidad bajo condiciones excepcionales o en casos de emergencia nacional, o en su caso, en el mercado único de la UE".

Si esto ocurre, las empresas afectadas tienen que comunicarlo al Ejecutivo nueve meses antes de llevar a cabo sus planes. Será la Secretaría de Estado de Industria la que decidirá si se inicia proceso de reindustrialización.