La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eduardo Parra Europa Press

Macroeconomía

¿Disciplina fiscal? El Gobierno dispara la deuda del Estado y la Seguridad Social hasta cuatro veces más que la de las CCAA

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A poco más de un mes de que las nuevas reglas fiscales se impongan en el conjunto de la Unión Europea (UE), la deuda del Estado y la Seguridad Social sigue creciendo. Si bien en el conjunto de las Administraciones públicas la ratio sobre el PIB ha caído al 104,4% hasta el tercer trimestre, la Administración central y el organismo responsable de las pensiones siguen aumentando su pasivo. Y lo hacen a un ritmo mucho más acelerado que las comunidades autónomas.

De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, el Estado registró una deuda de 1,490 billones de euros, tras un incremento del 5,4% respecto a septiembre del año precedente y una subida del 1% frente al mes anterior. Por su parte, las comunidades autónomas presentaron una deuda de 333.548 millones, lo que supone un 2,5% más que un año atrás y un 0,1% menos que en agosto.

Es decir, la Administración central incrementó su deuda más del doble de lo que lo hicieron el conjunto de las CCAA.

La comparación con la Seguridad Social es aún más preocupante. Este organismo acumuló 116.171 millones de euros de deuda en septiembre, con un incremento interanual del 9,4%, es decir, casi cuatro veces más que las regiones. En términos absolutos, esto supone 10.000 millones más que en 2023. Este endeudamiento se explica, según el Banco de España, por los préstamos del Estado a la Tesorería General para cubrir los desequilibrios financieros derivados de las pensiones y otros compromisos sociales.

En conjunto, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico con 1,637 billones de euros, un 3,7% más que hace un año. Sin embargo, gracias al crecimiento del PIB, la ratio se moderó hasta ese 104,4%, 0,9 puntos menos que en el segundo trimestre.

El Gobierno, en su plan fiscal remitido a Bruselas, prevé una reducción gradual de esta ratio, con un descenso hasta el 102,5% en 2024, el 98,4% en 2027 y el 76,8% en 2041. No obstante, estas previsiones están lejos de cumplir con los criterios de sostenibilidad fijados por Bruselas, que considera prudente mantener la deuda por debajo del 60% del PIB.

En este contexto, diferentes expertos han advertido de que el peso de los intereses, sumado a las necesidades de refinanciación, podría tensionar aún más las cuentas públicas, especialmente si persiste el actual contexto de tipos de interés elevados.

¿Y la DANA?

Pero si para un país cuyo gasto público crece muy por encima de las recomendaciones de la Comisión Europea ya es difícil prepararse para la disciplina fiscal, la catástrofe de la DANA complica todavía más la situación. El propio Pedro Sánchez admitió el mismo día que anunció el primer paquete de ayudas que este tendría impacto en el déficit.

"Son muchos recursos económicos, a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias y otros que desembolsaremos de nuestras cuentas públicas", señaló el presidente del Gobierno, para añadir que, en consecuencia, será necesario revisar el impacto en la deuda y el déficit.

Pero lo cierto es que la revisión llegará tanto al numerador como al denominador de la ratio de deuda. Es decir, no sólo habrá que ver los recursos adicionales que el Estado debe movilizar (mayor gasto), sino lo que se dejará de generar en términos de PIB por la catástrofe.

En este sentido, el Banco de España ya ha adelantado que la DANA restará dos décimas al PIB del último trimestre. Para un año de fuerte crecimiento económico, que cerrará el año en el entorno del 3%, esas dos décimas no suponen un drama, pero sí que tendrán un impacto directo en el cociente con la deuda. Y aunque Bruselas no tendrá en cuenta el déficit derivado de la gestión del desastre, las finanzas sí se verán perjudicadas.