La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto este lunes extender los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras a todas las empresas y sectores de la economía, ya que los beneficios extraordinarios pueden darse en todos ellos.

El análisis realizado por los profesores Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea) y Vicente Salas (Universidad de Zaragoza) sostiene que la tributación de cada empresa en proporción a los beneficios extraordinarios obtenidos por la misma en cada período impositivo “eliminaría el riesgo de que este gravamen pudiera ser declarado inconstitucional, por discriminatorio”.

Asimismo, tal y como recoge Europa Press, los autores consideran que el beneficio extraordinario propuesto como base imponible, ahora como parte de un gravamen temporal, podría ser el punto de partida para una reforma estructural del Impuesto de Sociedades, tal como ya se contempla en el reciente 'Libro Blanco sobre la reforma tributaria'.

“Distorsión”

En cualquier caso, Fedea ha advertido de que los nuevos gravámenes temporales sobre compañías energéticas y financieras "distorsionan la asignación eficiente de los recursos, alterando las relaciones de intercambio de las empresas con los clientes", puesto que la base imposible no son los beneficios extraordinarios de las empresas, sino las ventas -en el caso del sector energético- o los márgenes ordinarios -en el de la banca-.

De acuerdo con el informe, el objetivo teórico de estos impuestos es hacer tributar los beneficios 'caídos del cielo' que están obteniendo las empresas de los sectores energético y financiero en el presente contexto inflacionario para destinar su recaudación a reforzar el denominado "pacto de rentas".

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Por ello, los profesores López Laborda y Salas proponen que la base imponible de los gravámenes coincida con los beneficios extraordinarios de las empresas, incluyendo una deducción por el coste de oportunidad de los fondos propios.

Este diseño de la base imponible asegura, según los autores, que los gravámenes no son distorsionantes y que no se van a trasladar a los clientes, siendo soportados por los accionistas de las empresas afectadas, sin que sea necesario establecer en la normativa una prohibición de repercusión que puede resultar difícil de implementar.