Una reforma cuyo objetivo primordial debe ser aumentar la ratio de ingresos sobre el PIB de España para acercarla a la media de la Unión Europea, basándose en las recomendaciones del 'grupo de sabios' designado por el ministerio de Hacienda.

Este comité de expertos entregó sus conclusiones en marzo de este año, pero la ministra Maria Jesús Montero decidió aparcar indefinidamente la reforma fiscal completa escudándose en el retraso en la recuperación económica y el impacto de la guerra en Ucrania. En su lugar, el Gobierno de Sánchez ha optado por una política improvisada de parches, sin visión de conjunto: rebaja del IVA de la luz y el gas, nueva tasa a las energéticas y los bancos o un impuesto para las grandes fortunas.

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Sin embargo, el Ejecutivo comunitario avisa ahora al Gobierno de que la reforma fiscal es una de las condiciones incluidas en el plan de recuperación de España (en concreto, su componente 28) y, por tanto, debe llevarse a cabo en los plazos previstos. En caso de incumplimiento, Sánchez se arriesga a perder los mencionados 7.000 millones de euros, que corresponden al quinto tramo de los fondos Next Generation y que en principio está previsto que se desembolsen en otoño de 2023.

"En el componente 28 de su plan de recuperación, España se comprometió a llevar a cabo una reforma de diferentes elementos de su sistema fiscal, tomando como base las recomendaciones de un comité de expertos", señala a este periódico el portavoz de la Comisión.

El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, en una comparecencia este lunes en la Eurocámara Parlamento Europeo

"El principal objetivo de esta reforma es incrementar la ratio de ingresos públicos sobre el PIB de España para aproximarla a la media de la UE, garantizar un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades, hacer más eficiente el sistema fiscal y modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, teniendo en cuenta también una perspectiva de género", resalta el Ejecutivo comunitario.

Según lo acordado por Sánchez con Bruselas, la reforma debe centrarse en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, el Impuesto de Sociedades, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de los gravámenes sobre el patrimonio y la fiscalidad de las actividades emergentes. El plan debe ir acompañado de un análisis de su impacto distributivo, con especial atención a las familias con hijos.

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"Esta reforma forma parte del quinto pago del plan de recuperación, que indicativamente está previsto para el tercer trimestre de 2023. La Comisión está realizando un seguimiento de esta reforma y evaluará formalmente si se ha cumplido de forma positiva una vez que España haya presentado la solicitud de este quinto pago", señala el portavoz.

A la espera de que se ejecute la reforma fiscal, Bruselas reclama al Gobierno de Sánchez una política fiscal "prudente" en los Presupuestos de 2023, que garantice "una reducción de la deuda creíble y gradual". Las ayudas a los hogares y las empresas más afectados por la crisis energética deben ser "temporales" y "selectivas", apunta el Ejecutivo comunitario. España debe hacer el mejor uso de los fondos Next Generation para mantener la inversión en la transición digital y verde.

"La necesidad de políticas prudentes se relaciona con el alto nivel de deuda, por encima del 116% del PIB en julio de 2022, y el alto déficit de alrededor del 5% del PIB. Además, las políticas fiscales deben diseñarse de manera que ayuden a reducir los niveles de inflación actualmente muy altos", destaca el portavoz. Entre los grandes países de la UE, España es el que registra una inflación más elevada: 10,5%.