La decisión de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de suspender el Impuesto al Patrimonio ha puesto, de nuevo, la política fiscal en el centro de la guerra entre la izquierda y la derecha. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos sostiene que el tributo debe formar parte de su política fiscal y desde hace tiempo anuncia medidas para poner límite a sus reducciones. Mientras, las regiones gobernadas por el Partido Popular acotan cada vez más esta figura tributaria y otras similares, como Sucesiones y Donaciones.
Para empezar, ¿qué es el Impuesto al Patrimonio? Más conocido como el 'impuesto a los ricos', esta figura está pensada para que las principales fortunas del país aumenten su aportación a las arcas públicas.
Se trata de un impuesto que tienen que abonar los contribuyentes a partir de los 700.000 euros de patrimonio, excluidos 300.000 que correspondan a su vivienda habitual.
Según los datos de la Agencia Tributaria (los más recientes, de 2020), unos 189.163 españoles pagan este tributo, con un patrimonio medio declarado de 3,5 millones de euros. En total, permite unos ingresos anuales de más de 1.200 millones de euros, unos 6.348 euros por contribuyente.
En cualquier caso, se trata de un impuesto en extinción en Europa. Solo Suiza y Noruega lo mantienen. Además, los enemigos de Patrimonio argumentan que esta figura supone una doble imposición, porque quien lo paga ya ha abonado los impuestos que corresponden por los bienes y rentas fiscalizadas.
Hasta que Andalucía los apruebe en Consejo de Gobierno, Madrid es la única región con este tributo bonificado al 100%. Y esto ha tenido un importante efecto llamada entre los altos patrimonios.
La región que preside Isabel Díaz Ayuso es, con diferencia, el territorio español con la población más 'rica' de España, con un patrimonio medio declarado de más de 10 millones de euros.
Defensores
La Comunidad presume de que las rebajas fiscales son, precisamente, la razón de su buena marcha económica. Esta estrategia es defendida tanto por el PP como por Ciudadanos y Vox. De hecho, el objetivo de la Andalucía de Moreno es, hasta cierto punto, hacer la competencia a la Madrid en impuestos para atraer inversión y empresas.
El impuesto como Patrimonio, igual que el de Sucesiones y Donaciones, pueden ser objeto de rebajas por parte de las comunidades autónomas precisamente porque, pese a ser estatales, pueden gestionarlos.
Pero el Gobierno hace tiempo que quiere poner límite a esta posibilidad. El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado, en varias ocasiones, su idea de armonizar y limitar las rebajas que las autonomías pueden hacer de estos tributos.
Esto supondría una suerte de 'centralización' de la gestión tributaria. Este martes José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha ido más allá y ha defendido, precisamente, una recentralización de los impuestos pero lo ha enmarcado en una "opinión personal". Algo que también ha hecho Isabel Rodríguez, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En cualquier caso, PSOE, Unidas Podemos y otros partidos de la bancada de la izquierda defienden mantener el Impuesto de Patrimonio más allá de las políticas autonómicas.
En los últimos años, se ha perseguido instrumentalizar este impuesto para dar forma a una figura fiscal que sirva para recaudar más de las clases más altas. De hecho, este es uno de los objetivos del pacto de Gobierno de coalición: estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".
De hecho, la propia comisión de expertos responsable del 'Libro Blanco' de la reforma fiscal, conocido a principios de este año, se ha mostrado en contra del 'vaciamiento' de este impuesto y aboga por mantenerlo.