Unas palabras que tienen su traslación en las previsiones (el 'cuadro macro') bajo las que se ha elaborado el techo de gasto para 2023 y que supone el armazón de los Presupuestos Generales del Estado. En él, el Ejecutivo prevé que el consumo público se dispare 1,3 puntos el año que viene, hasta el 2,2%, compensando así el descenso previsto del gasto privado por la subida de la inflación y la caída de la economía. 

Hablamos de un incremento del 144% de un año respecto a otro para tratar de compensar el frenazo de gasto de las familias. ¿Significa esto que el Estado va a invertir más? La respuesta es no. 

[El Gobierno baraja 'romper' el techo de gasto por tercer año para pagar 15.000 milllones más de pensiones y Defensa]

Cuando hablamos de consumo público nos referimos a todo aquello que compra la Administración. Según las estimaciones de AIReF más recientes, la mayor parte se refiere al pago en las nóminas de los funcionarios públicos. Suponen, aproximadamente, el 60% del gasto de la Administración. 

El otro 30% es el dinero que el Estado destina al pago de servicios no prestados por él, pago de alquileres, compra de materiales, equipamientos informáticos, etc. Y, por último, el 10% restante proviene del deterioro de activos inmobiliarios o pago de impuestos como los trámites de aduanas. 

La Administración consumirá más y, a buen seguro, también querrá invertir más. El aumento del gasto de la Administración se engloba en un incremento del 1,1% del dinero que podrá emplear según los Presupuestos Generales del Estado de 2023. 

En total, Montero cuenta con una previsión de 198.221 millones de euros. Una cifra récord que jamás se ha visto en España y que viene impulsada en buena medida por el apoyo que recibirá de los fondos europeos. Aportan, en total, 25.156 millones de euros. 

Un incremento presupuestario que se sostiene por una mejora de los ingresos gracias al aumento de la recaudación. Sin embargo, el Estado tendrá que endeudarse para lograr cuadrar los números. En total, habrá que generar unos números rojos de 35.562 millones de euros, lo que supone que el 20% del Presupuesto del año que viene se pagará por la vía del déficit. 

La intención de Hacienda es que la Administración Central cierre el ejercicio con unos números rojos del 3,2% sobre PIB. Se asumen en esa cifra la mayor parte de los costes derivados de la invasión de Ucrania y, al mismo tiempo, se da una mayor capacidad de endeudamiento a las Comunidades Autónomas.

En total, recibirán dos décimas más de lo previsto en el Plan de Estabilidad y que se restarán al déficit del Estado. El objetivo es que las autonomías tengan una mayor capacidad de llevar a cabo inversiones públicas el próximo curso. Los Ayuntamientos, por su parte, tendrán que tener un superavit del 0,1%. 

Al cierre del ejercicio, el déficit de todas las Administraciones debe estar en el 3,9%, una reducción del 1,1%. Montero quiere mantener la senda de ajuste de los números rojos en previsión de que en 2024 Bruselas nos obligue ya a tener objetivos de obligado cumplimiento. 

Todo ello sin hablar de la Seguridad Social, que este año tendrá que aumentar su gasto en 14.000 millones de euros para revalorizar las pensiones. Las estimaciones del Gobierno señalan que el déficit del organismo será del 0,5% y contempla ya una transfrencia de 19.888 millones de euros. 

Esa mejora en los déficits se consigue gracias al aumento de la recaudación, a la recuperación económica y al aumento del PIB nominal por la inflación que el año que viene seguirá haciendo mella en la economía española. 

En realidad, incorpora algo más de 1.500 millones respecto a lo transferido el año anterior. Existe una cierta confianza en que la buena evolución del empleo "sólida", según la vicepresidenta Nadia Calviño, y la creación de puestos de trabajo "de buena calidad" permitan aumentar lo suficiente la recaudación como para no tener que hacer intervenciones extraordinarias a lo largo del año que viene. 

Tanto es así que el departamento de Economía que lidera la vicepresidenta Calviño ha revisado también las expectativas de crecimiento del PIB. Para este año, mantiene una subida del 4,3%; sin embargo, de cara al ejercicio 2023 reduce la cifra hasta el 2,7%, que supone un recorte de ocho décimas respecto a las previsiones remitidas a Bruselas. 

Se da la circunstancia de que mientras Nadia Calviño y María Jesús Montero comparecían para explicar sus previsiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba las suyas. ¿Y qué decía? Básicamente, que los efectos de la guerra de Ucrania se dejan sentir en la economía global en general y en la española en particular.

Eso va a suponer que la recuperación de los niveles de PIB prepandemia no se alcancen ya hasta 2024. Todo porque para el FMI nuestro país crecerá este ejercicio un 4% (ocho décimas menos que sus últimas previsiones) y en 2023 el PIB se incrementará un 2% con una abultada reducción de 1,3 puntos respecto a hace sólo tres meses.  

Veremos qué dice el Instituto Nacional de Estadística (INE) el próximo viernes cuando publice el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral. Será entonces cuando sepamos cómo se ha comportado el segundo trimestre del año. 

Ocurra lo que ocurra, el Gobierno lo tiene claro. Su objetivo -según Montero- es "garantizar para la mayoría social de España un sistema de bienestar y protección que permita a cada ciudadano desarrollar todo su potencial".