Es el fin de una larga era de estímulos monetarios masivos que el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha en marzo de 2015 y redobló durante la crisis de la Covid-19. La institución dirigida por Christine Lagarde ha decidido este jueves concluir de forma definitiva la compra de deuda pública de los países de la eurozona el próximo 1 de julio. Es su receta más inmediata para hacer frente al actual descontrol de precios.

Eso significa que los Estados miembros muy endeudados, en particular Italia y España, pierden el sostén del BCE. Su intervención ha mantenido bajo control la prima de riesgo de los dos países en los peores momentos de la pandemia. Madrid y Roma se quedan sin cobertura en un momento especialmente crítico, en el que la economía empieza a resentirse por el impacto de la guerra en Ucrania. 

El Consejo de Gobierno ha anunciado además que se dispone a subir los tipos de interés 0,25 puntos en su próxima reunión del 21 de julio. Será el primer aumento del precio del dinero en 11 años. Una subida que según ha desvelado Lagarde se aplicará tanto al tipo de interés general (que está en el 0%); como a la facilidad marginal de crédito (lo que pagan los bancos por la financiación a un día, que ahora es el 0,25%); y también a la facilidad de depósito (la remuneración de los bancos por aparcar su dinero en Fráncfort, que está en -0,5%).

En el comunicado hecho público al término de la reunión, el BCE anuncia además que habrá una segunda subida de tipos en septiembre, y avisa de que podría ser más fuerte (probablemente de medio punto) si los precios no aflojan. "Si a medio plazo las perspectivas de inflación persisten o se deterioran, sería apropiado un incremento mayor en la reunión de septiembre", señala el texto.

"Después de septiembre, sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno anticipa que una senda gradual, pero sostenida, de nuevas subidas de los tipos de interés será apropiada", prosigue el BCE. El ritmo de ajuste dependerá de los nuevos datos de la evolución de la inflación a medio plazo.

El ritmo de las subidas de tipos en los próximos meses divide al Consejo de Gobierno. Tanto la presidenta como el economista jefe del BCE, Philip Lane, apuestan por incrementos graduales de 0,25 puntos, tanto en julio como en septiembre. Un aumento más brusco podría asfixiar la recuperación económica, alegan. En el extremo contrario estan los 'halcones', los gobernadores de los Bancos Centrales de Austria, Holanda, Eslovaquia, Letonia y Lituania, que querían una subida de medio punto ya en julio.

En todo caso, hay inquietud general en Fráncfort por el descontrol de la inflación, que en mayo marcó un nuevo máximo histórico del 8,1% en la eurozona, una cifra que cuadriplica el objetivo del 2% que se ha marcado el BCE. Un récord que se explica por el aumento desbocado de la factura energética y de los alimentos, que se ha agravado desde el estallido de la guerra. Un incremento que además ya se ha contagiado al resto de precios: la inflación subyacente -que excluye energía y alimentos- ya está en el 3,8%.

En sus nuevas previsiones publicadas este jueves, el BCE revisa al alza sus previsiones de inflación, que se situará de media este año en el 6,8% (1,7 puntos más de lo que había calculado en marzo), antes de bajar al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024. Al mismo tiempo, empeora el crecimiento de la eurozona hasta un 2,8% este año y un 2,1% en 2023 debido al impacto de la guerra en Ucrania.

En total, el BCE ha comprado en los últimos 7 años alrededor de 5 billones en bonos, cifra que equivale a más de un tercio del PIB de la eurozona. Y lo ha hecho a través de dos programas diferentes. El primero fue el plan de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés), lanzado en 2015 por el expresidente Mario Draghi para combatir la deflación y reflotar la eurozona tras la crisis de deuda. El APP se ha mantenido desde entonces -con una pausa entre enero y octubre de 2019- y es el único que sigue activo a día de hoy.

Por su parte, Lagarde lanzó en marzo de 2020 el programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) para amortiguar el impacto de la crisis de la Covid-19. Esta intervención del BCE ha permitido absorber las ingentes cantidades de deuda emitidas por los países de la eurozona con el fin de pagar las ayudas públicas a los afectados por la pandemia. El PEPP concluyó el 31 de marzo de 2022 tras un gasto total de 1,7 billones de euros.

El propio BCE tiene miedo de que el fin de la compra de bonos en plena guerra de Ucrania desate una nueva crisis de deuda en la eurozona. De hecho, las primas de riesgo de los países más endeudados (como Italia, Grecia o España), tras un largo periodo de mínimos durante la pandemia, han vuelto a despertar en los últimos meses.

Para evitar que este riesgo se materialice, Lagarde ha anunciado que está dispuesta a poner en marcha un nuevo instrumento anticrisis si la guerra en Ucrania dispara de nuevo las primas de riesgo. Un programa del que de momento el BCE no ha dado ningún detalle.