Por un lado, están las rebajas fiscales de la factura de la luz. Se trata de la reducción del IVA de la luz del 21% al 10%, de la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5% y la suspensión del Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). Estas medidas, hasta finales de junio, tendrán un impacto presupuestario de 7.000 millones. 

Si se prorrogaran hasta finales de año, el coste conjunto total sería de 12.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es decir, que una ampliación de las rebajas fiscales costaría 5.000 millones 'extra'.

Por otro lado, está la rebaja de los combustibles, que está en los 20 céntimos por litro de combustible. De ellos, 15 céntimos los abona el Estado. Pese a que en este caso Hacienda no aporta impacto presupuestario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho un pronóstico de lo que costará ampliar esta medida hasta finales de año. 

Según el ente, la prórroga del descuento del combustible supondrá sumar unas tres décimas de PIB al déficit público, que equivalen a más de 3.615 millones de euros. Es decir, que prorrogar la rebaja fiscal de la factura de la luz y el descuento del combustible supondrían un incremento de gasto, como mínimo, de más de 8.600 millones de euros. 

Más medidas

Y ello si se prorrogan solo estas medidas. Cabe recordar que dentro del plan de choque también está incluido un incremento del ingreso mínimo vital del 15% y una ampliación del bono social eléctrico, así como ayudas directas a la industria electrointensiva y al sector 'agro', entre otros. 

La propia AIReF, en su informe sobre el Programa de Estabilidad, ha dado por hecho que la prórroga sobre determinadas medidas se producirá. Eso sí, reclaman que se sigan "criterios de eficiencia y eficacia" y que se evite un "impacto estructural" en las cuentas públicas. 

Es lo estructural lo que más inquieta a la entidad. En su último análisis, ha mostrado su preocupación por el déficit estructural y que para 2025 se incremente hasta el 4% del PIB. 

En este sentido, la AIReF ha pedido a la Administración Pública que comience a poner ruta hacia la consolidación fiscal. Para ello, precisamente, se deben dedicar ingresos 'extra' (como los que se están produciendo por recaudación este 2022) a reducir el déficit estructural y evitar gastos estructurales que no cuenten con sus correspondientes fuentes de ingresos.

Sin decisión

En cualquier caso, todavía no está decidida la prórroga de ninguna de las medidas mencionadas. Desde Hacienda recuerdan que todavía "hay margen" para tomar una determinación, puesto que su vigencia está garantizada hasta el 30 de junio- 

Por otro lado, a pesar de que implicarían más gasto, la ministra María Jesús Montero ya ha afirmado que hay margen para mantener el déficit previsto de este 2022 (del 5% del PIB) gracias al crecimiento económico (y el crecimiento de los ingresos públicos) y el mejor cierre de déficit de 2021.