La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lleva tres meses sin aprobar solicitudes de ayudas públicas recibidas en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado hace exactamente un año por el Gobierno.

Según ha confirmado Invertia, es una cuarentena buscada por la propia SEPI, con la que quieren analizar al detalle las peticiones -sin presiones ni prisas- para garantizar que las ayudas se concedan por criterios técnicos y que los recursos lleguen a empresas que sean viables y que puedan sobrevivir.

La SEPI además ha incluido dos condiciones fundamentales para aprobar estos rescates: que las compañías sean solventes en el medio y largo plazo y que, de no serlo, se garantice la entrada de un inversor externo antes del rescate y con un plan de viabilidad para apuntalar sus cuentas. 

Este cambio de rumbo ha coincidido con la llegada de la nueva presidenta, Belén Gualda, a finales de marzo, y con el varapalo para la credibilidad de la sociedad pública que ha significado el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros y las dudas que ha tenido Duro Felguera para salir adelante pese a la concesión de 120 millones de dinero público.

La normativa dice que solo podrían optar a este rescate empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, "por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Últimos rescates

Unos criterios que en el caso de Plus Ultra saltaron por los aires al tratarse de una empresa con escasa actividad en España, posibles vínculos con el Gobierno venezolano y nula importancia estratégica para este país.

Precisamente, los rescates de Plus Ultra y Duro Felguera han sido los últimos aprobados, el pasado 8 de marzo. A partir de ahí han pasado noventa días sin que se tenga conocimiento de ningún expediente aprobado y podrían pasar algunas semanas más hasta conocer alguna novedad, según las fuentes consultadas.

La SEPI quiere asegurarse de que el dinero se pueda devolver a medio plazo o que se produzca una rentabilidad económica para el Estado. Para ello, los técnicos de la SEPI y el consejo asesor están realizando un importante trabajo con todas las empresas que han solicitado el fondo para garantizar que el dinero no se entregue a fondo perdido.

La sociedad pública prefiere ser prudente y "extremadamente" meticulosa con los rescates y conceder ayudas solo a las compañías que cumplan todos los requisitos, lo que implica que muchas de las que han solicitado el rescate podrían ver rechazadas sus solicitudes, pese a las eventuales presiones políticas que se podrían sufrir. 

La primera premisa que se debe cumplir por tanto, es que la empresa haya sido viable y que lo pueda ser en el futuro. El rescate es entendido por la SEPI como una ayuda puntual que contribuya a salir a flote por la pandemia y que no se convierta en un fondo para mantener la supervivencia de una empresa zombi de manera artificial.  

Inversor externo

En este sentido, hay muchas que no han podido acreditar esta solvencia, por lo que la SEPI les ha pedido que garanticen la entrada de un inversor externo que pueda asegurar esta viabilidad. En este caso, se está pidiendo a las empresas que este inversor comprometa su llegada antes de que se apruebe el rescate o que -como mínimo- se haga en paralelo. 

Lo que se está pidiendo es un compromiso y una oferta en firme y con entrada real de capital, no de proyectos, ni futuribles de difícil cumplimiento. En el caso de Duro Felguera, ésta ha sido una de las situaciones que ha lastrado su presente. La compañía asturiana aseguró que podía conseguir un inversor, pero tres meses después de su rescate no ha podido confirmar la llegada de ningún interesado.

Las fuentes cercanas a las SEPI consultadas por Invertia indican que en las últimas semanas, el organismo ha intensificado reuniones con empresas que solicitan el rescate para cerrar la entrada de socios industriales, siempre condicionando la aprobación del rescate a un compromiso en firme de asumir la gestión de la compañía y con un plan industrial que acredite solvencia a medio plazo.

Mientras, la lista de espera del fondo de rescate es abultada: Celsa (700 millones de euros solicitados), Hotusa (320), Abengoa (249), Grupo Villar Mir (240), Mediapro (230), Tubos Reunidos (115) Air Nostrum (103 millones), Navieras Armas (100 millones), Wamos (75 millones), Hesperia (55 millones), Room Mate (52 millones), Juliá (37 millones), Airtificial (30 millones), Serhs (35 millones) o Soho (32 millones). Y así hasta una treintena de empresas.

De hecho, solo se han aprobado cuatro operaciones: Air Europa (475 millones) Ávoris-Halcón Viajes (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones). Esto supone que solo se hayan validado poco menos de mil millones, el 10% de los 10.000 millones de euros de los que dispone el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.