Por ejemplo, a casi todos nos parecía positivo que se redujese la economía sumergida o informal. Sin embargo, que la economía sumergida, aquélla que no cumple las leyes y está, en consecuencia, fuera del radar de Hacienda y la Seguridad Social, se reduzca no siempre significa precisamente que aflore y se convierta en economía legal. También puede suceder, y probablemente es lo que ha sucedido durante la pandemia, que simplemente se ha destruido economía sumergida.

En realidad, no podemos saber con certeza qué es lo que ha ocurrido con la economía sumergida, básicamente porque está oculta. Es cierto que hay algunos indicadores de la economía sumergida, el más importante de todos ellos venía siendo hasta ahora, el de la circulación de efectivo.

Todos hemos visto que, con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, han disminuido los pagos en efectivo. Además, parte de las actividades económicas que tradicionalmente eran opacas se han reducido notablemente con la Covid-19. Pensemos, entre otras, en las ventas al por menor fuera de establecimiento, o los servicios domésticos.

¿Esto implica una reducción del fraude fiscal? Para responder a esta pregunta, ya antigua, pero que vuelve a plantearse en estos momentos, hay que tener claro que economía sumergida y fraude fiscal no son conceptos equivalentes. El concepto de fraude fiscal es el de engañar a Hacienda no pagando todos los impuestos debidos.

Efectivamente, cuando la economía se sumerge completamente, se dejan de pagar todos los impuestos. Sin embargo, hay una economía sumergida de subsistencia que apenas tendría que pagar impuestos. De hecho, si pagase, fundamentalmente cotizaciones sociales, pero también ingresase impuestos que se repercuten como el IVA, probablemente no subsistiría. En buena medida, este tipo de economía sumergida refleja un problema de falta de competitividad de algunos sectores y empresas económicos.

Hay que tener claro que economía sumergida y fraude fiscal no son conceptos equivalentes

Esta economía sumergida de subsistencia fue, junto con las redes de apoyos familiares, la que impidió una explosión social durante la anterior crisis. Ahora este tipo de economía sumergida es probablemente la más afectada por la crisis del coronavirus.

Toda la actividad económica debería cumplir las leyes y pagar los correspondientes impuestos. Pero, seamos realistas, que aflorase este tipo de economía tampoco permitiría recaudar tanto. Esto no sólo es una conclusión, de sentido común, sino que también lo recoge, por ejemplo, el plan estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, hay fraude fiscal que no está en absoluto ligado a la economía sumergida. Por ejemplo, una gran empresa es prácticamente imposible que se sumerja, pero eso no garantiza, ni mucho menos que pague todos los impuestos, no defraude, ni que utilice mecanismos de planificación fiscal agresiva. En general, los inspectores de Hacienda nos encontramos con el siguiente esquema de fraude:

Cuando una empresa empieza a tener problemas, deja de ingresar el impuesto de sociedades, ya que es el tributo importante sobre el que se percibe un menor control. Esto se puede realizar de forma más o menos sutil, desde aplicarse deducciones fiscales discutibles hasta simplemente inventarse gastos. Si la situación se complica, la empresa deja de ingresar el IVA. Aquí se percibe un mayor control.

Aun así, muchas empresas que defraudan el impuesto de sociedades y el IVA no están sumergidas, sino que simplemente son empresas «oficiales» que defraudan una parte de los impuestos que deberían pagar. Estamos hablando de fraude fiscal, no de economía sumergida.

Cuando la situación se pone realmente infernal, algunas empresas pasan definitiva-mente a la economía sumergida; se dan de baja y siguen operando. En consecuencia, dejan de pagar las retenciones del IRPF y las cuotas de seguridad social a sus empleados. Los primeros que no quieren dejar de cotizar para tener derecho a prestaciones por desempleo, ERTEs y jubilación son los empleados. Por tanto, esta situación es el último recurso antes del cierre.

Por todas estas razones, la metodología y los resultados de los estudios de la economía sumergida son sumamente imprecisos, ya que parten de supuestos que no se verifican en la práctica.

De hecho, se toman algunas variables, como, por ejemplo, el importe de efectivo en billetes de alta denominación que supuestamente está circulando en un territorio, y se correlaciona con lo que se considera economía sumergida.

Además de los billetes de 500 euros, se toman otros factores, como, por ejemplo, el crecimiento de algunos valores como el coste de fiscalidad directa o de seguridad social para establecer un modelo MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes).

Una vez establecido un porcentaje de economía sumergida, se presume que si el PIB oficial paga de media, por ejemplo, un 35 %, lo que se está dejando de declarar acabaría pagando, por unas vías u otras, este 35 %, lo que puede ser también extremadamente inexacto. Todo esto, sin contar, con que el PIB se ha reducido abruptamente con las restricciones de la pandemia en el mundo entero.

La metodología y los resultados de los estudios de la economía sumergida son sumamente imprecisos

Por esa razón, la forma de verificar el cumplimiento de las leyes fiscales no está en los estudios de economía sumergida. El indicador más preciso es comparar la recaudación, y también las bases imponibles declaradas con las cifras generales de la economía, como el PIB o la demanda interna, que estima el Instituto Nacional de Estadística.

Esto ya era así cuando lo expliqué en mi libro ¿Hacienda somos todos? en 2014 y actualmente es la medición recogida en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria. En todo esto, por supuesto hay que tener en cuenta los cambios de las leyes, pero, con esta corrección, la fiabilidad de los datos de la Agencia Tributaria, del INE y de otras fuentes oficiales está a años luz de los estudios sobre la economía sumergida.

Eso sí, en los últimos años han cambiado algunas cosas respecto a la economía sumergida. Además de la pandemia y sus consecuencias en la economía sumergida, probablemente estemos asistiendo hacia la huida en algunos fraudes no hacia el efectivo, sino hacia el dark internet y las criptomonedas, que también se utilizan para lavar dinero procedente de los delitos económicos.

Esto hace que una adecuada regulación de las criptomonedas sea un desafío fundamental de futuro, también en el ámbito fiscal. Pero, todo esto supone también que no podemos asociar una reducción del efectivo con reducción de la economía sumergida o de la economía ilegal, porque una parte se está derivando, también hacia internet y sus mecanismos opacos, que también los tiene.

En un mundo más complejo, debemos seguir estudiando, pero no tiene mucho sentido hacer oficiales, y guiar la actuación de la Agencia Tributaria por unos estudios que ya eran imprecisos hace muchos años en un mundo menos complejo, y que además no permiten identificar dónde están las grandes bolsas de fraude fiscal.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.