El cierre del año se ha convertido en una pesadilla para muchas empresas. La reforma del Impuesto de Sociedades del Gobierno, aprobada ya en la recta final del ejercicio, está obligando a muchas empresas a modificar su balance, con el correspondiente impacto en su cuenta de resultados. Se trata de ajustes contables que condenarán a muchas empresas a reducir sus beneficios o, incluso, a caer en pérdidas, explican diferentes consultoras y auditoras a EL ESPAÑOL.

La modificación del Impuesto de Sociedades limita el uso de determinados créditos fiscales al 50% para las empresas con una cifra de negocio de entre 20 y 60 millones de euros y hasta el 25% para las grandes compañías. De esta forma, Hacienda se asegura que cada año utilizan menos bases imponibles negativas de todas las que tienen acumuladas desde el inicio de la crisis, con el objetivo de que paguen más por este tributo. Así, si una gran empresa tiene un beneficio de 100, sólo podrá reducir su base imponible en 25 y no en 70 como hacía hasta ahora.

La limitación en la compensación de bases negativas hará que las empresas tarden mucho en usar todos estos activos, lo que está llevando a las auditoras a recomendar que los retiren del balance por prudencia contable. “Para tener esos activos en el balance tienes que demostrar que eres capaz de utilizarlos”, explica Antonio Barba, socio del área Fiscal de Cuatrecasas, “pero la norma de praxis de los auditores es que aquello que no puedas utilizar en 10 años no se debe incorporar por prudencia financiera”. Esto provoca que “lo que no seas capaz de demostrar que vas a poder utilizar en 10 años, no te permiten incluirlo en el balance”.

Por ejemplo, si una compañía tiene 100 en balance y solo demuestra que puede utilizar 50, el resto del activo tiene que eliminarse, por lo que iría contra fondos propios y contra los resultados de la compañía. Y si no tiene beneficios suficientes como para cubrir esta cuantía, acabaría en pérdidas.

Desde la CEOE reconocen que muchas empresas están atravesando ahora este problema. “El auditor, buscando mantener el principio de prudencia, les obliga a eliminar ese crédito fiscal”, explica Bernardo Soto, responsable del área fiscal de la patronal. La consecuencia es que “se elimina un activo y la contrapartida es una disminución de los fondos propios; dependiendo de la empresa, puede acabar produciendo pérdidas”.

Todos los auditores, consultores y asociaciones preguntados por EL ESPAÑOL confirman que tienen varios casos de empresas que estén en esta situación, aunque es imposible saber cuántas exactamente, a no ser que Hacienda o la Agencia Tributaria lo hiciese público.

La inseguridad jurídica

Las empresas, las consultoras y las auditoras están actualmente valorando esta situación, ya que no saben cómo tienen que actuar: si eliminar todo el crédito fiscal, o permitir que se mantenga en el balance aunque tarde mucho tiempo en utilizarse. “Los auditores todavía están analizando cómo aplicar esta reforma”, explica Rafael García Millán, socio del área Fiscal de Cremades & Calvo Sotelo. “Los criterios que aplican los auditores dependen de los informes de las empresas sobre la fiabilidad para compensar esas bases negativas”.

"Eliminar estos créditos fiscales hace un roto a las empresas”, reconocen fuentes del sector de la auditoría, ya que “echa por tierra los esquemas de inversión y planificación fiscal que tienen elaborados”. A falta de determinar cómo aplicarán esta medida respetando el principio de prudencia contable, algunas empresas se verán con la paradoja de tener pérdidas y, aun así, tener que pagar Impuesto de Sociedades.

Esto es así porque el impacto contable de la valoración de los activos fiscales no afecta al resultado contable que se utiliza como base imponible del Impuesto de Sociedades. En definitiva, si una empresa gana 100, pero tiene que aplicar un deterioro de sus créditos fiscales de 110, el resultado es que tiene que tributar por los beneficios aunque se anote una pérdida contable de 10.

Esta reforma del Impuesto “puede llevarte a una situación de pérdidas contables y pagar impuestos”, explica Soto, “Como CEOE trasladaremos los comentarios de nuestros asociados, al Ministerio y a cualquier grupo parlamentario que esté interesado”, señala.

Devolver créditos fiscales

El Impuesto de Sociedades también genera otro foco de deterioro en los activos fiscales que tienen las empresas como consecuencia de las pérdidas de sus inversiones de los años de la crisis. Hacienda obliga a que las compañías reviertan las bases imponibles negativas generadas por el deterioro de la valoración de sus participaciones en otras empresas antes de 2013. Para ello da un plazo máximo de 5 años.

Para las empresas que no hayan utilizado estas bases fiscales negativas (porque estuviesen en pérdidas) y que las tengan en su balance, también tendrán que ir retirándolas, pero podrán compensar un máximo de un 60% (salvo para las pymes más pequeñas y los holding). Algunas incluso acabarán tributando por esas pérdidas. “Se pueden producir pérdidas considerables en las grandes compañías por una cuestión patrimonial provocada de forma artificial, es así”, explican expertos fiscales.

Durante la crisis muchas empresas generaron un volumen muy elevado de créditos fiscales, por lo que podría tener un impacto elevado. “En algunos sectores, como en la banca, que han sufrido especialmente con la crisis, el impacto puede ser considerable”, explican estas fuentes a EL ESPAÑOL.

“Hacer que las empresas tengan que tributar por pérdidas refleja que el desarrollo normativo de la reforma del Impuesto es lamentable”, denuncia Adolfo Jiménez, presidente de Asefiget (Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios). En su opinión, la medida “no permitir deducir pérdidas de años anteriores no es correcto, no se debería obligar a la reversión de la pérdida”.