Un retraso debido, primero, al adelanto electoral de Pedro Sánchez y después, por el 'no' de Podemos al decreto de reforma del subsidio de desempleo diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, España sólo ha recibido hasta ahora 340 millones en créditos (de los 82.000 millones que tiene asignados) porque los pidió tarde.

La solicitud de más tiempo por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se produce justo cuando la Comisión de Ursula von der Leyen está insistiendo a todos los Estados miembros que aceleren la ejecución de sus planes de recuperación si no quieren perder el dinero. Los dirigentes comunitarios insisten en que no hay ninguna forma posible de que los fondos puedan usarse más allá de 2026.

[Bruselas pide acelerar la ejecución de los fondos Next Gen: "No habrá prórroga más allá de 2026"]

"Es importante darse cuenta de que la fecha límite de 2026 del Fondo de Recuperación Next Generation es estricta. Quedan poco más de tres años y, en muchos sentidos, la segunda mitad de su vida útil será más difícil que la primera, ya que las inversiones llegan a una etapa crítica en su ejecución", ha explicado este jueves el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante una visita a Madrid.

"Por eso es crucial mantener el mismo nivel de compromiso y ambición mostrado hasta el momento y acelerar la implementación. Sabemos los desafíos que eso supone, especialmente cuando se trata de absorber cantidades tan masivas. Es clave reforzar la capacidad administrativa para maximizar la absorción de los fondos, así como fortalecer la coordinación entre las autoridades a todos los niveles y mejorar la comunicación de las oportunidades de financiación", ha sostenido Gentiloni.

Ha sido en su rueda de prensa conjunta con el comisario de Asuntos Económicos donde Cuerpo ha anunciado que España pedirá una segunda prórroga para el cuarto pago, cuya solicitud se envió a Bruselas el 20 de diciembre de 2023.

La justificación que aduce el ministro de Economía no es únicamente tener más tiempo para aprobar la reforma del subsidio de paro, sino también negociar con Bruselas una serie de "modificaciones técnicas" de los 61 hitos que se le prometieron. Se trata de que "sea más fácil certificar el cumplimiento", pero "manteniendo el nivel de ambición".

Por su parte, Gentiloni ha explicado que las prórrogas en la evaluación de las peticiones de pago son una práctica "bastante normal" a la que han recurrido otros países como Italia, Alemania, Luxemburgo o Irlanda. No obstante, el comisario de Asuntos Económicos pide al Gobierno de Sánchez "mantener el impulso" y trabajar ya en el quinto y el sexto pagos, que según ha dicho deberían solicitarse también en 2024.

Sin embargo, la inestabilidad política en España, que ya ha llevado a Sánchez a renunciar a los Presupuestos de 2024, también complica la aprobación de las reformas exigidas por la UE a cambio de los fondos Next Generation. Por ejemplo, el quinto pago está condicionado a una reforma fiscal que tendría que estar ya aprobada, pero que ni siquiera figura en el horizonte del Gobierno.

El Gobierno de Sánchez siempre ha presumido de ser el líder de la UE en la ejecución de los fondos Next Gen. De hecho, España fue el primer Estado miembro en recibir los tres pagos iniciales. Sin embargo, ahora ya ha sido adelantado por Italia y Portugal y se encuentra a la par que Eslovaquia y Croacia.

El comisario de Asuntos Económicos pide un acuerdo de unidad nacional para garantizar que todos los fondos adjudicados a España (163.000 millones en total, de los cuales sólo se han recibido 38.380 millones) se ejecuten a tiempo antes de 2026. El tercer pago por valor de 6.000 millones se remonta a marzo de 2023, es decir, hace ya un año.

"En muchos sentidos, el éxito de los fondos Next Generation en su conjunto -y con él, la posibilidad de que mecanismos similares puedan aprobarse en el futuro- depende del éxito del plan de España. Por su tamaño, por su ambición y por su peso en la economía de la UE", sostiene Gentiloni.

La ejecución del plan de recuperación en los años que quedan "debería ser la prioridad número uno". "Tiene que percibirse como una misión nacional que una al país y a la que todo el mundo esté llamado a contribuir, desde las instituciones a nivel nacional, regional y local hasta las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil", ha insistido el comisario de Asuntos Económicos.