Un administrativo de la Administración General del Estado (AGE) ha perdido entre 2010 y 2023 más de 11 puntos de poder adquisitivo, pese a la última subida aprobada por el Gobierno. La retribución base de estos funcionarios del grupo C1 ha avanzado un 15,3% en ese periodo, al tiempo que los precios han crecido un 26,42%.

La retribución base de un administrativo de la AGE en 2010 era de 10.056 euros brutos anuales, mientras que en 2023 se sitúa en 11.549 euros. A ese sueldo hay que sumar el complemento de destino, que varía en función del nivel. En el caso de un C1 nivel 15 -primer nivel de este grupo-, el salario ha pasado de 14.774 euros en 2010 a 16.974 euros el año pasado.

El diferencial entre lo que han avanzado los precios y la subida de sueldos de los empleados públicos se explica por dos razones. En primer lugar, por la Gran Recesión, ya que en 2010 se rebajó el sueldo de los funcionarios y se mantuvo congelado durante los siguientes cinco años. Y, en segundo lugar, por la elevada inflación de los últimos tres años.

Fue en junio de 2010 cuando el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, en un contexto de crisis económica mundial, reducir un 5% de media el salario de los empleados públicos y su congelación para 2011. El siguiente gobierno, liderado por el popular Mariano Rajoy, prorrogó consecutivamente, hasta 2015, esa congelación.

En el caso de los administrativos de la AGE -una de las categorías más numerosas-, la rebaja fue del 1,71% sobre el salario base. Esto es así porque el Gobierno aplicó mayores recortes en las categorías superiores de la Administración. De hecho, rebajó un 15% los salarios de los miembros del propio Gobierno.

Después, en 2012, el Ejecutivo del PP -además de prorrogar los salarios congelados- aprobó un nuevo recorte, esta vez centrado en las pagas extraordinarias. Por un lado, eliminó la paga extra de la Navidad de 2012, que sería devuelta años después. Y, por otro, una reforma de la estructura de esta paga que supuso que, desde entonces, no alcance el 100% de una mensualidad.

30.000 millones

El sindicato CSIF, que no firmó el último acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, lleva tiempo denunciando la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Fuentes de esta central consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia cifran la pérdida de poder de compra durante los últimos dos años en el 5,8% y "de más del 20% desde 2010".

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A mediados del año pasado, CSIF presentó en el congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar las pagas extra íntegras. En este sentido, el sindicato calcula que ese cambio en la estructura de la paga extraordinaria supone un recorte medio anual de 1.600 euros en el grupo A1, de 1.020 en el A2 y de 500 en el C1. Según CSIF, esto equivale a haber "trabajado gratis" hasta cinco meses.

En total, 30.000 millones de euros desde la reforma que se han acumulado en las arcas del Estado, de acuerdo con los cálculos de este sindicato.

El "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI", firmado entre el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero y los sindicatos CCOO y UGT en 2022 incluía, además de una revalorización salarial, el compromiso de revisar la estructura de las pagas extraordinarias. Desde CCOO indican que está pendiente la concreción de ese compromiso.

Vacantes

El recurrente problema de las vacantes que señalan muchos sectores también afecta al empleo público. De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del tercer trimestre, la Administración pública acumula 54.599 vacantes.

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Eso supone que, de las más de 150.000 vacantes que calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su encuesta, el 35% corresponda a empleos públicos del conjunto de las administraciones. Algo que, en parte, es reflejo de las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno el último año.

En julio del pasado año, el Gobierno aprobó la mayor oferta de empleo público de la historia, con 39.574 plazas, un 15,8 % más que en la oferta de 2022, alcanzando una cifra récord por tercer año consecutivo. Se trata de plazas en la Administración central, es decir, que no incluye ni funcionarios ni personal laboral de las comunidades autónomas y ayuntamientos.