42.000 euros: la diferencia que separa la indemnización por despido del sector energético de la agricultura
UGT cuestiona el sistema normativo de despido por su incapacidad para proteger a los trabajadores.
14 noviembre, 2023 02:28La indemnización media por despido en España fue de 11.416,7 euros en 2021, según la estadística de Despidos y su coste, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, "no es lo mismo la indemnización media que la más frecuente", como advierte el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
La antigüedad del trabajador y su salario determinan el coste de la indemnización, con 33 días por año trabajado. De ahí que según el sector su cuantía también varíe. Un empleado dedicado al suministro de energía recibió, de media, 45.844,9 euros por un despido improcedente frente a los 3.330,1 euros de un asalariado del sector agrario. La diferencia entre ambos supera los 42.000 euros.
"La media sube mucho la indemnización por las cantidades que se han pagado a los altos directivos", apuntó Luján este lunes, durante la presentación de un informe sobre el coste del despido en España, elaborado por el sindicato.
Esos casi 46.000 euros de media de indemnización en el sector del suministro de energía se corresponden sólo con 554 despidos, de los que 459 eran indefinidos a tiempo completo. Para ellos, la indemnización media ascendió a 54.414,5 euros en 2021.
La cuantía también resulta elevada, o al menos superior a la media nacional, en las actividades financieras y de seguros. La estadística de Trabajo contabiliza 13.608 despedidos en 2021, a los que se les indemnizó con 40.377,2 euros, de media.
UGT relaciona estas indemnizaciones con los "potentes convenios colectivos" de estos sectores. "Más indemnizaciones, por mejores condiciones, pero menos despidos", señala el informe.
En el caso opuesto, se encuentran los "sectores económicos con mayor volumen de empleo, pero con condiciones de trabajo más precarias, atendiendo a la menor protección convencional".
Aquí se encuadran actividades como la agricultura o la hostelería. En el primer caso, las indemnizaciones por despido arbitrario se situaron, de media, en 3.301 euros, con un registro de 9.897 despidos.
En la hostelería, las indemnizaciones fueron prácticamente similares, de 3.833,9 euros, aunque el número de despidos en 2021 se disparó hasta 46.099, según la estadística del Ministerio de Trabajo.
"En suma, por sector de actividad económica, la fragmentación, dispersión y dualidad protectoras son manifiestas, extremas", concluye el informe de UGT.
El sindicato critica la "incapacidad" del sistema normativo de despido para "cumplir su función de protección adecuada a la persona trabajadora" y cuestiona que quede anclado "en factores de cuantificación automatizada, igual para todas las situaciones".
45 días
UGT quiere volver a la indemnización de 45 días por año trabajado, recuperar el salario de tramitación y dar al trabajador despedido la opción de decidir la readmisión o no. El sindicato también reclama un coste del despido lo suficientemente disuasorio, además de resarcitorio.
UGT espera conocer en el primer trimestre de 2024 la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la denuncia presentada en marzo de 2022 por el precio del despido, al entender que España incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El sindicato confía en que el Comité se pronuncie a su favor, como ya ha hecho con dos sentencias en Francia, una en Italia y otra en Finlandia.
El despido es una de las reclamaciones sindicales para esta legislatura. Después de haberlo dejado fuera de las negociaciones de la reforma laboral durante la legislatura pasada para conseguir sacar adelante la nueva normativa, tanto UGT como CCOO exigen ahora las modificaciones en el despido.
Los sindicatos cuentan con el respaldo del futuro Ejecutivo. PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido" y dar "cumplimiento a la Carta Social Europea" para "reforzar la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral".