El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez (i), y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo (d), en un acto del PSOE. Europa Press.
UGT y CCOO piden a Sánchez que el nuevo Gobierno aumente el coste del despido improcedente
Los sindicatos esperan conocer la respuesta del Comité Europeo de Derechos Sociales.
10 octubre, 2023 02:52CCOO y UGT iniciaron el curso político en septiembre con la reivindicación de modificar el despido. El debate caló en la agenda pública y ahora los sindicatos han trasladado sus propuestas al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, con quien se reunieron la mañana del lunes.
Ante un posible escenario de un nuevo Ejecutivo de Sánchez, los sindicatos quieren asegurarse de que los cambios en el despido también están en la hoja de ruta de los socialistas para la próxima legislatura.
La única confirmación pública hasta el momento es la de su virtual compañera de Gobierno de coalición, la líder de Sumar, Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones ya dejó claro la semana pasada que había llegado "el momento de tocar el despido".
[CCOO y UGT ligan las políticas sociales al proceso de renovación de la financiación autonómica]
Las organizaciones sindicales quieren que esas declaraciones no queden sólo en palabras y que se trasladen a una mesa de diálogo, aunque para eso haya que esperar hasta la formación de Gobierno.
Además, en su encuentro con Sánchez, recordaron al presidente en funciones que las modificaciones en el despido pueden pasar de ser una propuesta sindical a una obligación europea. Eso ocurriría si el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia a favor de las demandas interpuestas por ambos sindicatos al entender que el despido improcedente en España incumple la Carta Social Europea.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue el encargado de dar cuenta de ello a los medios tras departir con Sánchez, junto con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero.
"En esta reunión, tampoco han dejado de estar presentes algunos otros elementos que tienen que ver con la denuncia que hemos presentado los dos sindicatos en relación con el tema del coste del despido improcedente en nuestro país", dijo Álvarez a los medios.
Sentencia europea
UGT y CCOO son conscientes de que la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales podría jugar a su favor. "Todo el mundo puede imaginarse cuál será, porque ya hay otros países que han utilizado el mismo camino", expuso Álvarez, en alusión a los casos de Francia, Italia y Finlandia.
UGT fue el primero en hacerlo, en marzo de 2022, al entender que el precio del despido improcedente en España incumplía la Carta Social Europea.
El sindicato de Pepe Álvarez espera conocer la decisión del Comité antes de que concluya este año. CCOO también presentó una demanda en términos similares, aunque en su caso ocurrió en noviembre de 2022 y admitida a trámite el pasado julio.
Sin embargo, los sindicatos quieren dar al Ejecutivo la oportunidad de abordar el despido improcedente antes de que el Comité se pronuncie.
De izda a dcha: la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de CCOO, Unai Sordo. CCOO
"Si es posible que, antes de que venga la sentencia europea (...), se pueda trabajar con el Gobierno para poder trasladarlo a la legislación española", apuntó Álvarez.
Esa idea podría trasladarse en la práctica a una mesa de diálogo social, en la que los empresarios no parecen dispuestos a sentarse. El despido quedó expresamente fuera de las negociaciones de la reforma laboral para poder alcanzar el acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
El presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, avisó la semana pasada de que los empresarios no se van a mover de su posición sobre el despido. "Nosotros nos quedamos donde estamos", advirtió.
También ha manifestado su rechazo el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Este lunes, antes de que los sindicatos se citaran con Sánchez, Amor indicó que el despido "no iba en los programas electorales" de los partidos que concurrieron a las elecciones, y no entiende por qué ahora ocupa la agenda política.
Asimismo, Amor afeó a los políticos estar "en ámbitos que no son la preocupación de la ciudadanía", en lugar de atender a los casi tres millones de parados del país y fomentar políticas de contratación.
Alegaciones de España
Aunque la respuesta de Sánchez a los sindicatos no trascendió, el Gobierno de España sí fijó su posición al respecto cuando tuvo que presentar sus alegaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Entonces, el Ejecutivo parecía poco dado a cambios.
El Gobierno argumentó que el sistema español de protección al trabajador despedido de manera ilícita cumplía con lo dispuesto en el Artículo 24, ya que provee "de una indemnización adecuada" y, además, articula "un mecanismo de reparación que resulta apropiado" para compensar por los daños causados y disuadir al empresario de acudir a la vía del despido.
(I-D) El secretario general de CCOO, Unai Sordo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Europa Press
El Ejecutivo también sacó pecho de la reforma laboral y recalcó que la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad daban mecanismos de flexibilidad interna para evitar los despidos.
Además, el Gobierno respondió en sus alegaciones que un despido resarcitorio "afectaría a las decisiones de contratación de las empresas, que tratarían de minimizar el riesgo de afrontar una indemnización mayor, optando por contratar preferentemente a colectivos que no tuvieran asociados esos mayores costes".
Las posiciones de la CEOE fueron similares a las del Gobierno. La patronal presentó sus alegaciones a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y coincidieron en que la legislación española ya es lo suficientemente disuasoria ante el despido injustificado.
Los empresarios también instaron al Comité Europeo de Derechos Sociales a desestimar in integrum la demanda de UGT.
