Se trata de áreas a las que Díaz presta especial atención y en las que la Inspección de Trabajo desarrolla campañas concretas. Son concretamente siete campañas, entre ellas las del control de los planes de igualdad entre hombres y mujeres y del tiempo de trabajo. 

A ellas hay que sumar las del control de registro de jornada, de condiciones salariales y de exoneraciones de ERTE Covid. Finalmente, están las campañas que se han activado específicamente para el sector agro. Son dos: una para el control de la economía irregular y del trabajo de extranjeros y otra para los riesgos asociados a la actividad agraria. 

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Estas campañas han formado parte de las principales políticas desarrolladas por Díaz en esta legislatura, como es el caso particular de los planes de igualdad (desarrollados al alimón por una destronada Irene Montero, ministra de Igualdad) o el del tiempo de trabajo.

De hecho, la vicepresidenta segunda contaba con poder desarrollar una ley de usos del tiempo para la racionalización de los horarios. Sin embargo, paradójicamente, no ha habido tiempo para ello. 

Yolanda Díaz también ha abanderado la persecución de las prácticas fraudulentas en el sector de la agricultura, iniciativas todas estas para las cuales la Inspección de Trabajo resulta fundamental. 

La decisión de que la Inspección deje de trabajar en estas siete campañas procede de los sindicatos mayoritarios en este departamento de Trabajo: CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess. 

Incumplimiento

Consideran que esta acción está justificada por el "incumplimiento" por parte del Gobierno del Plan Estratégico 2021-2023 en relación con el fortalecimiento de la estructura de la Inspección. Concretamente, demandan la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) a la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se resiste. 

Argumentan que, como no se ha cumplido este punto, los inspectores no tienen por qué ejecutar las campañas recogidas en el Plan Estratégico. Con todo, legalmente, los inspectores no pueden dejar de ejercer su actividad ordinaria y atender denuncias, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.  

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En cualquier caso, esto no es sino otro capítulo de la guerra interna que sufre el ministerio de Yolanda Díaz desde hace meses a cuenta de los incumplimientos del Gobierno con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El anterior fue una concentración el pasado 7 de junio frente a los centros de trabajo de la Inspección en todas las capitales de las comunidades autónomas. Y el próximo será una huelga de carácter indefinido a partir del 26 de junio, que ha estado anticipada por varios paros parciales.

Inspectores de Trabajo en jornada de huelga. STISS

El acuerdo se remonta al 7 de julio de 2021 y casi dos años después siguen esperando una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y más recursos técnicos para modernizar la Inspección y adecuarla a sus funciones actuales.

Aunque el tiempo de esta legislatura se agota, los sindicatos de la Inspección de Trabajo recuerdan al Gobierno que debe cumplir con su palabra antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales, ya que hasta el día 24 no entrará en funciones.

Cabe recordar que la plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.