El problema viene de lejos. El Gobierno aprobó en 2020 un conjunto legislativo, promovido por los ministerios de Yolanda Díaz e Irene Montero, que obligaba a las empresas de más de 50 empleados a contar con el citado plan de igualdad. Dicho plan tiene el objetivo de favorecer la reducción de la brecha de género a través de las políticas salariales o de selección de personal dentro de la empresa. 

Las compañías afectadas por esta legislación tenían hasta marzo de 2022 para presentar sus planes de igualdad. Sin embargo, como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia hace un año, la amplia mayoría de las empresas ha hecho oídos sordos a esta obligación. 

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En el momento de entrar en vigor de forma plena la norma, solo tenían plan de igualdad unas 4.700 empresas. Desde marzo del año pasado hasta ahora, esta cifra se ha doblado y ha llegado a 9.524, según el departamento que dirige la vicepresidenta Díaz. 

Pese a este avance, solo un 23% de las empresas que tendrían que cumplir con esta legislación (41.352, según los datos de la Seguridad Social) tiene plan de igualdad. Ante esta situación, la Inspección de Trabajo se ha puesto manos a la obra y ya ha puesto más de un millar de infracciones en menos de un año. 

Concretamente, la Inspección ha anotado 1.058 infracciones y 3.822 requerimientos relacionados con los planes de igualdad en un universo de empresas que alcanza las 248.250 personas trabajadoras afectadas. Estas acciones se han traducido en multas por valor de 2,58 millones de euros. 

También hubo sanciones en 2021, año en el que tenían que cumplir esta legislación las empresas con más de 100 trabajadores. En este año, la Inspección registró 163 infracciones y 991 requerimientos. El importe en infracciones se elevó a 370.771 euros y las personas trabajadoras afectadas a 36.633. 

Sanciones

Las sanciones por no contar con plan de igualdad se mueven en horquillas económicas importantes. Las empresas que no lo tengan (y sean de más de 50 trabajadores) están cometiendo una infracción tipificada como muy grave. Esto significa sanciones que van, como mínimo, desde los 7.501 euros a los 225.018, en su grado máximo.

Pese a que solo dos de cada diez empresas incumplen ahora mismo la Ley, desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que la Inspección "está actuando" y que se está trabajando caso por caso. "Es una ley joven", añaden.

El real decreto 901/2020, que aprobó el Gobierno de la mano de los ministerios de Trabajo e Igualdad, puso orden en los planes de igualdad e impone las características legales y normativas que deben respetar. También cómo se deben negociar y acordar entre empresa y trabajadores, algo que ha generado ciertas tensiones entre patronal y sindicatos.

Cabe recordar que en España persiste una brecha de género salarial entre hombres y mujeres del 9,4%.