La relación entre los empresarios y Yolanda Díaz se vuelve a tensar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social responsabiliza a las empresas de que no hallen mano de obra suficiente en determinados sectores por las bajas condiciones laborales y salariales que ofrecen.

"Tienen que disponer, en sectores claves de la economía, de las condiciones laborales adecuadas, no solo retributivas, para que se pueda desplegar el mercado de trabajo con la absoluta eficiencia de la que somos capaces", aseguró Díaz.

El roce de la vicepresidenta segunda no queda solo con los empresarios, sino que se extiende también al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas diferencias vienen de lejos y se remontan a la intención del titular de la cartera, José Luis Escrivá, de recurrir a la contratación en origen para cubrir ciertas vacantes, sobre todo en la construcción.

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Esta vez, Escrivá plantea una reforma del Reglamento de Extranjería, aprobado en julio de 2022, para flexibilizar los requisitos para la concesión del arraigo por formación a las personas extranjeras que lleven en España dos años en situación irregular. Su decisión responde a las peticiones de las organizaciones que trabajan con migrantes, que reclaman más laxitud en la duración y en la presencialidad de las formaciones para extranjeros, como explican fuentes ministeriales.

Díaz comparte "una parte de la propuesta" de Escrivá y está de acuerdo en poner el acento en la "formación de calidad", pero ha advertido a la Seguridad Social de que "no cabe flexibilización alguna".

La vicepresidenta segunda tampoco admite argumentos que equiparen las necesidades del mercado laboral español con las de otros países, porque "España no es Estados Unidos", y aquí, lejos de esa Gran Dimisión estadounidense, hay más de 2,7 millones de parados y "miles de trabajadores irregulares".

"Ante el debate de la mano de obra de dónde viene, cómo viene y en qué condiciones… No puedo ser más clara: hay que mejorar las condiciones", zanjó Díaz, para quien la contratación en origen no es una opción y prefiere una regularización de trabajadores en situación irregular similar a la que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

Apoyo de los agentes sociales

La propuesta de flexibilización de Escrivá ha encontrado respaldo entre los agentes sociales, aunque con más escepticismo entre los sindicatos.

La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) apoya la reforma planteada por Escrivá ante el "serio problema de falta de trabajadores" que tiene España, que se intensifica en las pequeñas y medianas empresas (pymes) "con menos recursos para captar" empleados.

UGT considera que la flexibilización va "en la buena dirección", aunque ya ha avanzado que presentará alegaciones al Ministerio para que "no haya una utilización fraudulenta de las formaciones" y planteará una fórmula que combine formación y trabajo.