El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere potenciar los ingresos de la Tesorería mediante tres vías: el mecanismo de equidad intergeneracional (un recargo en las cotizaciones que se destina de forma completa al Fondo de Reserva), el incremento de las bases de cotización máximas y la creación de una cuota de solidaridad que se cargará sobre la parte de los salarios más altos que estén por encima de la cotización máxima. 

Estas dos últimas medidas son las que están destinadas a gravar a los salarios más elevados y no tendrán prácticamente reflejo en las pensiones de sus cotizantes, que recibirán la prestación por jubilación máxima. 

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El plan concreto de Seguridad Social para las bases de cotización máximas es, además de la subida anual con el IPC que ya hay prevista (y que también se aplica a las pensiones máximas), un incremento adicional de 1,2 puntos porcentuales de 2024 a 2050. 

Esto llevará a que las bases de cotización máxima se eleven en más de 31 puntos cuando termine de implementarse la medida. Y todo esto sin sumar el impacto de la inflación.

Este aumento adicional de las cotizaciones no se aplicará de la misma manera a las pensiones máximas sino que se hará en un grado mucho menor. El incremento será de solo de un 0,115% anual. Es decir, que mientras que las bases de cotización máximas subirán al menos 31 puntos hasta 2050, las pensiones más altas sólo lo harán 2,8 puntos en el mismo periodo. 

A esto se suma la cuota de solidaridad, que supondrá una tasa de hasta el 7% (que abonarán tanto los trabajadores como las empresas, en una proporción del 14% y el 86%, respectivamente) y que tampoco tendrá repercusión alguna en las futuras pensiones de los cotizantes impactados.

Redistribución

Estas medidas afectarán a un entorno de 1,2 millones de trabajadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.  

Fuentes de la Seguridad Social defienden esta postura. Admiten que se afecta parcialmente el principio contributivo de la Seguridad Social en los salarios más altos. Sin embargo, en este caso se ha buscado priorizar el criterio de redistribución y generar recursos para afrontar la jubilación de la generación del baby boom. 

Con todo, la reforma incluye que se pueda compensar a los cotizantes máximos en un futuro y elevar las pensiones más altas en un mayor grado a partir de 2051, una vez pase la década de los 40 (que es cuando se producirá la mayor tensión financiera en la Seguridad Social). 

Con las nuevas medidas de ingresos el Gobierno quiere lograr una recaudación adicional para la Seguridad Social que permita afrontar las necesidades financieras del sistema de las pensiones. Una estrategia con la que Escrivá ha convencido a la Comisión Europea.

Concretamente, se espera que con todas las medidas totalmente desplegadas los ingresos se eleven en un 1,2% adicional, que a día de hoy equivale a 15.000 millones de euros.