La Comisión Europea impondrá un mayor control sobre la gestión de los fondos de recuperación por parte de los Gobiernos nacionales, y exigirá datos más detallados de su ejecución e impacto en las economías nacionales, "a partir de febrero de 2024". Así lo ha anunciado el comisario económico, Paolo Gentiloni, a la vista del bajísimo dato de ejecución final de los más de 37.000 millones de euros llegados a España, que sólo alcanza el 18%, según los datos oficiales publicados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, el ritmo de ejecución en nuestro país ha sido decreciente desde el inicio de los 69.000 millones en transferencias a fondo perdido que se le concedieron a nuestro país. España es el segundo Estado miembro al que más cantidad se le adjudicó tras la pandemia, pero el primer receptor en la modalidad de subvenciones, es decir, de fondos no reembolsables. Así se decidió en virtud de que fuimos uno de los países con mayor impacto socioeconómico por la Covid, pero además España fue el país en el que más y más rápido creció la deuda pública en los últimos años.

Gentiloni ha hecho esta advertencia pasadas menos de dos semanas de que España publicara por fin el informe de los 100 mayores receptores de los fondos en nuestro país. Una exigencia de Bruselas con fecha límite en el pasado abril e impulsada por la eurodiputada liberal Eva Poptcheva, en las filas de Ciudadanos, durante las revisiones de la efectividad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a finales del año pasado.

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El Gobierno Sánchez prometió tenerlos "en pocas semanas" el pasado febrero, durante la visita de la misión del Parlamento Europeo para averiguar "dónde está el dinero de la UE". Después pidió más plazo. Bruselas le concedió hasta el 31 de octubre y finalmente no se publicaron hasta finales de noviembre.

De los datos oficiales se concluye que la ejecución final del montante llegado a España es muy baja (18%), que la adjudicación de proyectos es decreciente (un 45% en 2021; sólo un 39% en 2022 y apenas un 20% a 31 de octubre de 2023); y que la inmensa mayoría (el 88%) del dinero de los proyectos (61 de esos 100) va a instituciones públicas (CCAA, Ayuntamientos y entes públicos como Adif, por ejemplo) y no a empresas, autónomos o startups.

Por eso, y a pesar de la coincidencia ideológica de Gentiloni con el Gobierno de España (es presidente del Partido Democrático, los socialdemócratas italianos, integrados en S&D), su aviso deja en mal lugar a Sánchez.

El comisario económico respondía a unas preguntas de control parlamentario de la eurodiputada popular española Isabel Benjumea (EPP), que advertía a Bruselas del peligro de un fracaso del MRR en España, preocupación compartida por el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo presidido por la alemana Monika Hohlmeier, dados los "sistemáticos incumplimientos del Reglamento de los fondos europeos de recuperación" en España.

Según Benjumea, el Ejecutivo de Sánchez no cumple tampoco los plazos de comunicación con la Comisión ni los objetivos acordados en reformas e inversiones.

Junto a Gentiloni, en comparecencia ante la Comisión conjunta de Economía y Presupuesto, estaba el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. La eurodiputada puso en valor los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, "la gran apuesta de la Comisión Europea" en este mandato. Pero advirtió de que "lo realmente preocupante" es que el sistema de control es laxo, ya que los comisarios "sólo pueden informar de las transferencias que hacen a los Estados" y no del control de los recursos financieros de la UE "porque luego no conocen el dinero que los Gobiernos nacionales ejecutan ni el dinero que está llegando a los perceptores finales".

En su día, el Consejo (es decir, los jefes de Estado y de Gobierno) impuso un procedimiento muy opaco para este instrumento histórico. Por primera vez en la historia, la UE emitiría deuda conjunta respaldada con sus recursos propios, pero los Gobiernos arbitraron un sistema que les evitaba el escrutinio de la Comisión y del Parlamento. Desde aquel julio de 2020, la Eurocámara ha batallado por corregirlo. Y muestra de ello es la incorporación de esa obligación de publicar el listado de 100 mayores beneficiarios de los fondos UE. Pero el procedimiento es aún "imperfecto", según fuentes de la comisión europarlamentaria.

"Ya sabemos que los encargados de la gestión y ejecución de estos fondos son los Estados miembros y, por ello, algunos Gobiernos irresponsables, como el español, pueden llevar al fracaso de estos fondos. Hay que exigirles más", insistió Benjumea.

El vicepresidente económico de la Comisión Dombrovskis alegó que, según los datos que constan en Bruselas, España habría ejecutado "27.000 millones de euros, que ya habrían llegado ya a la economía real". Pero esas cifras, admitió, se las había facilitado el Gobierno de España. La eurodiputada del PP le advirtió de que "esos datos no son verdad y es evidente que el Gobierno, en su estrategia de mentir a todo el mundo, también lo intenta hacer con la Comisión Europea".