No es oro todo lo que reluce. El plan del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar a Nadia Calviño como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) podría verse truncado por las dos principales representaciones españolas en la Unión Europea: Josep Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. También repercutiría en las otras dos candidaturas españolas clave en la UE.
Estas otras candidaturas son la presidencia del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), la segunda silla más importante del Banco Central Europeo (BCE); y el de la elección de la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés).
En el caso del MUS, lo aspira a presidir la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. La propia entidad presidida por Christine Lagarde ha reconocido su experiencia y solvencia en materia bancaria y financiera. Eso sí, la subgobernadora se mide contra la elegida para el cargo por Alemania, Claudia Buch, vicepresidenta del Bundesbank.
Por su parte, Madrid es la candidata a ser la sede del organismo antiblanqueo europeo y se enfrenta a Fráncfort, París y Viena, entre otras grandes ciudades europeas.
A la hora de elegir un nuevo presidente para dirigir una institución europea entran en juego diferentes factores: el balance entre izquierdas y derechas, la representación de los grandes países en los puestos clave de las instituciones sin excluir a los Estados menos poblados, las posturas sobre política monetaria, el peso de más de medio siglo de historia, e incluso, en los últimos años, el equilibro de género. Todo ello con el objetivo final de que en el mapa no quede demasiado desequilibrado por ningún lado.
Cabe destacar que nuestro país ya cuenta con dos representantes españoles en dos de las instituciones europeas más importantes. El más destacado de ellos es Josep Borrell, quien, el 1 de diciembre de 2019, tomó posesión como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR). Esto conlleva, desde el Tratado de Lisboa, asumir también la vicepresidencia de la Comisión Europea.
De hecho, hay varios paralelismos entre el caso de Borrell y el de Calviño. Como le pasaría a la titular de Economía si alcanzase la presidencia del BEI, Borrell llegó a su puesto de mandatario europeo directamente desde el Consejo de Ministros de Sánchez, puesto que ostentaba la cartera de Exteriores en el primer ejecutivo que el presidente conformó en 2018. Además, ambos habían pasado previamente por Europa: Borrell había ostentado la presidencia del Parlamento Europeo de 2004 a 2007.
Por su parte, el Consejo de Gobierno del BCE dio el visto bueno a Luis de Guindos el 7 de marzo de 2018. Este sustituyó en la vicepresidencia del BCE al portugués Vítor Constâncio a partir del 1 de junio para un mandato de ocho años no renovable. Es decir, estará hasta el 2026.
Además, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es presidente del Comité de Basilea, José Manuel Campa preside la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y Fernando Restoy lidera el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacionales.
Nadia Calviño cuenta con una trayectoria profesional muy vinculada a Europa. La vicepresidenta estuvo 12 años en la Comisión Europea, cuatro de ellos como directora general de Presupuestos de la entidad. Debido a esta experiencia, vuelve a optar por un puesto de trascendencia internacional tras los anteriores intentos fallidos.
En 2019 se presentó para dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, retiró la candidatura al no lograr suficientes apoyos para el puesto, respaldos con los que finalmente sí contó Kristalina Georgieva. También optó a la Presidencia del Eurogrupo (2020), pero esta posibilidad se truncó por un voto.
La elección del nuevo presidente del BEI requiere el apoyo de una amplia mayoría de Estados miembros, se acordaría en la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) informal de Santiago de Compostela los días 15 y 16 de septiembre y sería formalmente adoptado en el Consejo de Gobernadores en octubre.