La recaudación fiscal récord que prevé el Ministerio de Hacienda para 2022 por el impulso de la recuperación no se trasladará por el momento a la estrategia del Tesoro Público. El instituto emisor prevé emitir deuda nueva este año por importe 75.000 millones de euros. Esta cantidad, que equivale a más de 205 millones al día, es similar a la captada en los mercados en 2021, un año en el que el PIB habría crecido un 4,5%, frente al 5,4% que se espera para los próximos 12 meses, según las proyecciones del Banco de España.
Tampoco los fondos de Next Generation EU servirán por el momento para reducir las emisiones netas, que se situarán por encima de las que hubo que realizar en 2013 para financiar la salida de la crisis de deuda que tocó fondo el año anterior.
Por el momento, el Gobierno se aferrará al margen dado por Bruselas a los países para retrasar la consolidación fiscal. Así, mantendrá el nivel actual de emisiones sin amedrentarse por la reducción de los estímulos y la posible subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que es quien hace posible con sus compras el volumen de endeudamiento de España en este momento.
Gracias a esa política monetaria, países como España o Italia han podido dar respuesta a la crisis económica originada por la pandemia. En el caso español, los Presupuestos de 2022 establecen un gasto récord en políticas sociales y en inversión. En esta cuantía se incorporan las partidas que llegarán de Europa a través de los programas de NGEU.
Según los datos que avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en octubre, los ingresos tributarios crecerán en 2022 más de un 8% hasta superar los 232.000 millones de euros. A esto hay que sumar, los 20.225 millones del fondo de recuperación NGEU que incorporan las cuentas públicas. Pese a estos ingresos y a la mejoría de la situación sanitaria, el Tesoro Público ha optado por comunicar a los mercados un escenario que califica de "conservador" en el que mantiene el ritmo de endeudamiento de 2021.
De hecho, el organismo contempla la posibilidad de tener que prefinanciar esos fondos europeos en los primeros momentos de la ejecución de los planes si fuera necesario. No obstante, a medio plazo esa prefinanciación no tendría impacto sobre la deuda española, ya que después se compensaría con las transferencias hechas desde Bruselas, que no computan como deuda pública.
Esta situación será distinta cuando España solicite los préstamos de NGEU con un nuevo plan de Recuperación en el que ya trabaja el Ministerio de Economía. En este caso, pedir ayudas europeas sí tendrá impacto en el ratio de deuda pública.
Amortización de deuda
Pese a que la emisión de deuda nueva se prevé mantener para financiar el déficit público, las emisiones brutas bajarán este año un 10% gracias a la amortización de bonos y letras por valor de 26.676 millones de euros (-14% frente al año anterior). En total, alcanzarán en 2022 los 237.498 millones de euros, frente a los 264.312 millones del segundo año de pandemia. Se trata también del mayor volumen movido por España en los mercados desde 2013.
No obstante, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, explicó este lunes -al anunciar estas cifras- que su estrategia está marcada por la "prudencia" y por tanto, es posible que en el segundo semestre del año se pueda suprimir alguna emisión de deuda como ya ocurrió en 2021. El pasado año, el organismo que depende del Ministerio de Economía estimó en el arranque del ejercicio que emitiría 100.000 millones de euros y finalmente, necesitó captar 75.138 millones.
Según la previsión del Gobierno, España cerrará este año con una deuda pública equivalente al 115,1% del PIB, frente al 122,1% actual (último dato oficial del Banco de España). No obstante, esta reducción se explica por el impacto de la recuperación económica en el denominador con el que se calcula ese ratio (el PIB), ya que en términos globales la deuda pública en España sigue disparada en 1,43 billones de euros en este momento.
En 2007, antes del estallido de la crisis financiera e inmobiliaria, España tenía una deuda del 35,8% del PIB. Los problemas del lustro siguiente llevaron a este país a superar el umbral del 100% de deuda en 2014. Después, la austeridad dio sus frutos con una caída año a año de ese porcentaje hasta que la pandemia puso fin a ese esfuerzo y volvió a disparar la deuda pública. Esta vez, se ha llegado a superar el umbral del 120% del PIB.
Sin embargo, la política monetaria del BCE en estos últimos dos años ha hecho posible sostener estos datos sin una embestida de los mercados e incluso ha permitido reducir el coste de financiación del Tesoro.
Con la prima de riesgo en 68 puntos (dato de este lunes), España ha podido aprovechar este viento de cola para alargar la vida media de su deuda. Esto explica que las emisiones de letras del Tesoro sean cada vez menores y se estén sustituyendo por bonos y obligaciones que vencen a medio y largo plazo.
En este momento, la vida media de la deuda española es ya próxima a los ocho años. Esto da margen al Gobierno para manejar en un primer momento la esperada subida de tipos de interés que tendrá que anunciar el BCE si la inflación no se controla. El cambio de la política monetaria tendrá un impacto gradual de aquí a 2030 siempre que la prima de riesgo no se descontrole, como ocurrió durante la crisis de deuda europea.
España es un país vulnerable no solo por su alto endeudamiento, sino también por la alta dependencia que tiene de los inversores internacionales. Según los datos actualizados del Tesoro, el 44% de la deuda pública del Estado está en manos foráneas.
Pese a todo, la factura de los intereses de la deuda se ha ido reduciendo en los últimos años. En 2021, se ahorraron 1.281 millones de euros frente al ejercicio anterior y se lograron cerrar emisiones a tipos negativos, lo que permitió al Estado llegar a ingresar a cambio de emitir deuda, algo impensable hace una década. Con todo, España sigue dedicando el 1,95% de su PIB a pagar intereses a los mercados todos los años.
En 2022, el Tesoro celebrará 48 subastas,entre ellas algunas de bonos 'verdes' y recurrirá a las sindicaciones bancarias para determindas obligaciones.