
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante una rueda de prensa conjunta. Parlamento Europeo
Directivas, estrategias y jurisprudencia: así quiere Europa alcanzar la igualdad de género en los próximos años
En el lado contrario, Donald Trump presiona a empresas e instituciones para acabar con las políticas de igualdad y diversidad.
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A finales de 2024, concretamente el 28 de diciembre, se cumplió el plazo marcado por Europa para que los estados miembros transpusiesen una de las directivas más relevantes en términos de paridad para el territorio comunitario: la Gender Balance on Corporate Boards Directive. Esta norma, propuesta por la Comisión hace más de una década, en 2012, persigue una representación más equilibrada entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las firmas que operan en la UE.
Así, establece que las grandes empresas cotizadas que desempeñen su actividad en dicha región deben contar con, al menos, un 40% del género infrarrepresentado entre sus directivos no ejecutivos y del 33% entre el total de directivos. Los afectados por la ley tienen hasta el 30 de junio de 2026, cuando deberán mostrar su cumplimiento o, se enfrentarán a multas e incluso a la anulación de los nombramientos.
No obstante, esta norma, si bien la más reciente no es (ni de lejos) la única del ecosistema comunitario que busca la paridad entre hombres y mujeres dentro de la Unión Europea. De hecho, este objetivo aparece prácticamente a la par que la UE, que ya contempla en sus principios fundacionales garantizar la igualdad entre ambos géneros y luchar contra todas las formas de discriminación asociadas.
Directivas de ayer, hoy y mañana
En este sentido, el organismo comunitario ha desarrollado y aplicado diferentes actos legislativos con el objetivo de avanzar hacia un equilibrio real desde 1978, cuando se aprobó una directiva de igualdad de trato en materia de seguridad social, a la que se fueron sumando otras, en los años siguientes, enfocadas en aspectos como el empleo, la igualdad de oportunidades, la conciliación o el acceso a bienes y servicios. Hasta ahora, la última de las 15 directivas aprobadas por el Parlamento y el Consejo y relativa a este aspecto está fechada el 10 de mayo de 2023 y versa sobre la igualación de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo.
A estas se suman otra serie de directivas que han entrado en vigor, pero están en proceso de adaptación por parte de los estados miembros. Aquí, además de la relativa a aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración, ya mencionada, se encuentra la Directiva sobre transparencia salarial o la Directiva sobre organismos de igualdad.
Entre todas ellas, una de las más relevantes es la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de mayo de 2024, que proporciona una amplia base jurídica para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y deberá ser transpuesta a la legislación nacional a más tardar el 14 de junio de 2027. Dicha legislación nace con el objetivo de establecer un marco concreto sobre la violencia contra las mujeres, que hasta entonces se abordaba de forma no específica en reglamentos y directivas.
Entre ellos, recoge las consideraciones incluidas en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que tiene por objeto crear un entorno en línea más seguro para los consumidores y las empresas de la Unión Europea.
Más jurisprudencia y estrategias
Y es que, más allá de las mencionadas directivas, la Unión Europea también ha avanzado hacia una mayor igualdad en los últimos años a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así, desde el Parlamento destacan algunas sentencias como la que declara que el despido por embarazo es contrario a la legislación comunitaria; la que establece la equiparación de la retribución y de las prestaciones por jubilación; la que promueve la priorización de candidatas femeninas en sectores donde fuesen menos numerosas siempre que se cumplan una serie de condiciones; o la que dispone que tiene que aplicarse el mismo sistema de cálculo a ambos géneros para determinar primas en seguros, entre otras.
A ellas se suman otras iniciativas que se han ido desplegando dentro de la UE, entre las que sobresale la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, un documento que busca acabar con la violencia de género, la brecha de género y salarial en el mercado laboral y los estereotipos, así como colmar la brecha de género en las responsabilidades asistenciales y lograr el equilibrio de género en la toma de decisiones y en el ámbito político.
También, la Estrategia de cuidados, creada para mejorar la situación tanto de quienes reciben cuidados como de las personas que los prestan. Este documento busca promover la participación de las mujeres en el mercado laboral, impulsando la igualdad de género y reduciendo la brecha salarial.
Todas estas normativas, directivas y estrategias han sido elaboradas, modificadas o impulsadas por los llamados "proveedores de asesoramiento especializado", es decir, diferentes grupos que aconsejan a los legisladores en aspectos concretos. En el ámbito de la igualdad de género destaca, por ejemplo, el Instituto Europeo de Igualdad de Género, la Red Europea de Expertos sobre Igualdad de Género, la Red Europea de Organismos para la Igualdad o la Red europea de expertos jurídicos en materia de igualdad de género y no discriminación.
Una mejora progresiva
Pero, ¿cual ha sido el efecto real de todas estas directivas, sentencias y estrategias? Una de las mejores formas de apreciar el impacto de dichas políticas comunitarias relativas a promocionar la igualdad de género es acudir al índice elaborado anualmente por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE). Este informe analiza el desempeño de los estados miembros y de la UE en materia de paridad respecto a seis indicadores (trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud) y les otorga una puntuación.
En su última edición, publicada a finales de 2024, el territorio comunitario se sitúa con 71 puntos, muy por encima de los 63,1 puntos que obtuvo en 2013.
En este período, prácticamente las seis áreas analizadas han mejorado, aunque lo han hecho a diferentes velocidades. Por ejemplo, la representación femenina en el Parlamento Europeo se ha más que duplicado desde sus primeras elecciones en 1979.
También se ha incrementado la presencia de mujeres en los consejos de administración de las mayores empresas cotizadas, de un 28% en 2019 a un 34% en 2024; también, el porcentaje de mujeres con estudios superiores ha pasado de un 19% en 2010 a un 28%. Además, en el ámbito laboral, el número de mujeres empleadas han pasado del 39% en 2010 al 44%.
No obstante, la UE aún tiene rango de mejora en diferentes aspectos, entre ellos, la distribución del poder que, a pesar de ser uno de los aspectos donde más se ha mejorado, sigue ostentando una desigualdad pronunciada, con grandes diferencias entre estados miembros.
Trump contra la igualdad
Los esfuerzos comunitarios en pos de una mayor igualdad, en este caso entre ambos géneros, contrastas con los pasos atrás realizados por el gobierno estadounidense. Y es que, desde que volviese a tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha convertido la lucha contra los contra los ideales DEI (Diversidad, Igualdad e Inclusión, en inglés), es decir, los criterios presentes en organismos, entidades y empresas para fomentar estos principios en la contratación y promoción de sus trabajadores, en una de sus principales cruzadas.
La historia comenzó poco después de ocupar el cargo, cuando el mandatario lanzó una orden que obligaba a la terminación de todos los "programas discriminatorios" en el Gobierno Federal, entre los que incluía las políticas o programas relativos a la diversidad, igualdad e inclusión, que consideraba "ilegales". Además, publicó un texto en el que ordenaba a las agencias que "combatan implacablemente la discriminación en el sector privado".
La importancia de estas palabras radica en que, a pesar de que el Ejecutivo no tiene potestad sobre las empresas del ámbito privado, sí que puede presionar a raíz de los contratos con los que trabajan. Esto ha derivado en que algunas compañías de este país empezasen a deshacer los proyectos y las iniciativas que han impulsado en los últimos años en pos a la igualdad. Una de las más notables ha sido Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, que eliminó su equipo DEI y modificó sus condiciones de contratación; pero también otras como Google, Amazon, Accenture o Deloitte, las cuales han anunciado recientemente recortes en sus políticas de diversidad.
A ellas se suman otra serie de firmas que no están comunicando estas acciones, pero que las están llevando a cabo de forma discreta, eliminando la referencia a las mismas en su web o, directamente, en sus oficinas.
A nivel nacional, España cuenta con una de las políticas en materia de igualdad y diversidad más avanzadas de Europa, cuyo cumplimiento es obligatorio para aquellas firmas que operen en el territorio. El Gobierno ya ha dejado claro que estos no son negociables y que no permitirán que ninguna empresa se los salte, ya que los consideran fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
España roza el podio de la igualdad
España es el cuarto país más avanzado de la Unión Europea en materia de igualdad de género, según la última versión del informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), con una puntuación de 76,7 puntos, 0,3 más que en la anterior edición.
Esta región también supera la media de la UE, con 71 puntos, y forma parte, junto a Alemania, Luxemburgo y Austria, de las localizaciones que están avanzando con una velocidad superior a la del resto para reducir la brecha existente entre ambos géneros.
De hecho, España ocupaba en la séptima posición en 2013, con una puntuación de 66,4, en una de las primeras versiones de este análisis, tras lo que ha ido subiendo de forma progresiva hasta alcanzar la cuarta en la última, donde solo se sitúa por detrás de Suecia, Dinamarca y Holanda.
Por indicadores, España está entre los tres países miembros con mejor puntuación en la distribución de poder, alcanzando las cuotas de igualdad establecidas de cargos públicos electos y siendo uno de los pocos países que eligió en las elecciones europeas a, al menos, un 40% de eurodiputadas. También, destaca su buen desempeño en conocimiento, donde se sitúa en sexta posición y en el uso del tiempo, en el puesto número cinco.
Cabe mencionar la salud, uno de los indicadores donde España tiene mejor nota, con 91 puntos, pero que ha empeorado ligeramente desde la anterior edición, cayendo 0,2 puntos.
A pesar del buen desempeño que tiene la región en las mencionadas áreas, también tiene deberes pendientes en otras como el ámbito laboral, donde se sitúa en el puesto 18 de la UE, así como en la que analiza las diferencias en la situación económica entre mujeres y hombres, un aspecto en el que el país mejoró, pero aún sigue por debajo de la media, en el puesto número 16.
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