Bajo el paraguas de este ministerio de reciente creación pasó a ampararse la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que, tras la marcha de Carme Artigas, quedó huérfana hasta que, hace unos días, Mayte Ledo fue anunciada como su sustituta. 

Ledo recoge el testigo, junto al ministro, de todos los logros alcanzados durante los últimos años en materia digital, pero también asume los deberes pendientes del Gobierno. 

Y es que, a pesar de que en este período se han alcanzado numerosos hitos en este campo, también se han dejado en el tintero algunas iniciativas o proyectos que debían haber visto la luz hace meses, pero que han experimentado retrasos.

Un sandbox de IA a medias 

Una de las grandes promesas del Gobierno en materia de inteligencia artificial tiene que ver con el sandbox de IA, un entorno digital que busca conectar a las autoridades competentes con las compañías desarrolladoras de esta tecnología con el objetivo de definir un conjunto de buenas prácticas para implementar la regulación asociada y garantizar su aplicación. Dicho de otra forma, un entorno controlado donde probar la ley de IA antes de que entre en vigor. 

Este proyecto pionero, impulsado por el Ejecutivo español junto a la Comisión Europea, fue anunciado a finales de junio de 2022 como una "gran oportunidad" para conocer el impacto de los requerimientos asociados al, entonces, futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, para las empresas y, a tenor, crear guías que faciliten a firmas y organizaciones su incorporación. 

Para su realización se asoció un presupuesto inicial de 4,3 millones de euros, procedentes de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, repartidos en tres años, desde el inicio de los trabajos en 2022 hasta 2024. 

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Sin embargo, tras casi dos años, y con el borrador de la ley europea de IA ya aprobado, a falta de su entrada en vigor, prevista para finales de 2026 (aunque algunos aspectos, como los casos de uso prohibidos, estarán operativos antes), poco o nada se conoce de las actividades relacionadas con el mencionado sandbox. 

En un principio, el Gobierno prometió que empezaría a estar operativo en octubre de 2022, pero no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando se abrió el prerregistro y, posteriormente, el registro oficial para las entidades de derecho privado, las Administraciones Públicas o las entidades del sector público que quisieran participar en él. Hasta la fecha, todavía no se conocen los perfiles seleccionados, aunque desde la SEDIA apuntaron que el objetivo era compartir la lista antes de que acabase el 2023.  

Tampoco se sabe nada de la guía de buenas prácticas derivada de su aplicación que, en el momento de la presentación del sandbox, se prometió para el segundo semestre del año anterior. 

Cabe esperar que, ahora que el borrador de la ley europea de IA es una realidad, en 2024 se den a conocer las primeras iniciativas derivadas de este entorno de pruebas. 

Retrasos en la última convocatoria del Kit Digital 

Otro de los proyectos que ha terminado por retrasarse es la última convocatoria del Kit Digital, enfocada en las empresas entre 50 y 250 trabajadores.

Carme Artigas, la anterior SEDIA, anunció a mediados de febrero de 2023 que el Gobierno había pedido a Bruselas ampliar las ayudas de este proyecto para abarcar a las firmas de tamaño medio en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Tiempo después, en septiembre de ese mismo año, Alberto Martínez Lacambra, exdirector de Red.es, anunció en su despedida durante el 37 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, que la intención del Ejecutivo era que esta nueva convocatoria estuviese operativa antes de final de ese ejercicio, a expensas de la luz verde de Europa. 

Finalmente, aunque las autoridades comunitarias aprobaron la mencionada adenda apenas un mes después, el pasado mes de octubre, todavía no se ha anunciado el lanzamiento de las ayudas del Kit Digital relativas a compañías de más de 50 trabajadores. 

Según la web de este proyecto, se prevé abrir esta convocatoria, con la que estas firmas podrán optar a bonos de entre 25.000 y 29.000 euros para su digitalización, "a principios de 2024", pero no se especifica nada más. 

Un PERTE Chip que avanza, pero lento

De la misma forma, cabe mencionar el PERTE Chip, una de las grandes promesas del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por el gran respaldo económico con el que cuenta como por el impacto que tendrá en la economía nacional. 

Jaime Martorell, el máximo representante de este proyecto, avanzó en una entrevista con D+I-EL ESPAÑOL a finales de 2022 que el año 2023 sería el gran ejercicio de este PERTE, donde se empezarían a materializar las iniciativas y se lanzarían diversos concursos, lo que impulsaría el ecosistema relacionado. 

No obstante, poco se ha dado a conocer desde abril de 2022 (cuando Pedro Sánchez presentó este PERTE) más allá del anuncio en julio sobre la intención del fabricante estadounidense Broadcom de construir una instalación de gran escala de sustratos de back-end en España, de la publicación de la convocatoria a las ayudas de las Cátedras Chip para formar profesionales en microelectrónica o la de Misiones Chip para impulsar proyectos de I+D en este ámbito. 

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Sí es cierto que Martorell ha matizado en diferentes ocasiones que las particularidades de este PERTE, que moviliza miles de millones de euros e implica a gigantes tecnológicos que operan a nivel mundial, hace que esta iniciativa sea especialmente sensible y apenas se comuniquen los pasos que se están dando. 

El director de operaciones del PERTE Chip, Pedro Martín, avanzó a finales del año anterior que "hay entre cuatro y cinco grandes proyectos" y una docena de iniciativas menores en marcha para el próximo año.

Promesas y planes digitales "a medio hacer"

Entre los deberes pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez también se encuentra, aunque aún en plazo, la propuesta contenida en el programa electoral que presentó a las últimas elecciones generales de crear una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales con sede en España. 

El PSOE afirmó en este documento que presentaría esta iniciativa a la ONU para exportar "al mundo" el modelo de digitalización español, "basado en el respeto a los derechos constitucionales, derechos individuales y colectivos también en la esfera digital". De momento, no hay información relativa a este proyecto, que sigue existiendo únicamente en el papel. 

Queda pendiente también conocer el aterrizaje del plan del Gobierno para impulsar la digitalización y la ciberseguridad de los medios de comunicación. Anunciado por la exministra Nadia Calviño en septiembre de 2023, esta iniciativa buscaba financiar iniciativas innovadoras en el ámbito de la prensa, un sector que -como reconocía Calviño- "no está recibiendo un apoyo comparable al de otros sectores".  

Hasta el momento, el Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de consultas a los propios medios de comunicación para conocer cuáles son sus necesidades específicas y los mejores ámbitos de actuación, especialmente en lo relacionado con la incorporación de la inteligencia artificial, la defensa y promoción del español o la lucha contra la desinformación. Sin embargo, no hay ninguna noticia posterior a esas manifestaciones de interés ni un plazo concreto previsto para que se abra la convocatoria de ese plan o se defina el montante final que tendrá.