El juez ha abierto el juicio oral contra Olmo -decisión contra la que no cabe recurso- y le ha impuesto una fianza de 50.000 euros para asegurar el pago de la indemnización a Iberdrola en caso de que sea condenado.

El antiguo controller de la compañía deberá prestar la fianza en 24 horas. De no hacerlo, se le embargarán bienes.

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El juicio se celebrará ante un Juzgado de lo Penal y en él Olmo se enfrenta a una petición total de seis años de cárcel por parte de Iberdrola, que ejerce la acusación particular. El fiscal pidió el sobreseimiento provisional de las diligencias.

Olmo, que fue responsable de la Dirección de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola hasta su jubilación en 2016, se convirtió en testigo de cargo contra Galán y otros directivos de su antigua empresa asegurando que la eléctrica contrató de forma irregular a José Manuel Villarejo para realizar investigaciones ilícitas.

Sus acusaciones fueron investigadas por la Audiencia Nacional, que exoneró definitivamente a Galán y al resto de los señalados por Olmo.

Olmo, que ya ha sido condenado por un Juzgado de lo Mercantil y por la Audiencia Provincial de Vizcaya por sustraer información secreta que utilizó contra su antigua empresa, se enfrenta ahora a un proceso penal tras ser denunciado por su antigua compañía.

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La denuncia señalaba que el 28 de septiembre de 2020 el digital El Confidencial publicó que "Galán pagó 20.000 euros por reunión a los presidentes de las cajas amigas de Iberdrola", en la que reprodujo tres facturas datadas en 2004 "extraídas de la documentación contable de Iberdrola".

Bajo su control

En las facturas publicadas aparecía el sello de la Dirección de Control, que estaba bajo la responsabilidad de Olmo. Los documentos correspondían a las retribuciones de tres miembros del Consejo Consultivo de Iberdrola en Castilla y León, órgano ya extinguido. 

La misma información hacía constar que otras facturas relativas a una entidad consultiva similar de Iberdrola en Andalucía fueron depositadas por Olmo en una notaría madrileña en diciembre de 2004, "facturas, en consecuencia, sustraídas por aquel de los archivos de la compañía", afirmaba Iberdrola.

En la declaración que prestó en el Juzgado de Instrucción, Olmo fue muy contundente al afirmar que ni accedió ni conoció las facturas abonadas a los miembros del Consejo Consultivo de Castilla y León, negando haberse apropiado de esa documentación de la empresa.

Olmo también comenzó negando que hubieran pasado por sus manos los pagos al Consejo Consultivo de Andalucía, pero tuvo que corregirse cuando el juez le puso de manifiesto que había declarado lo contrario en otros órganos judiciales.

Documentos de Iberdrola

Iberdrola demostró que Olmo había faltado a la verdad. La compañía entregó al juez tres comunicaciones internas fechadas en febrero de 2005 "interesando la emisión de cheques para el pago a los asistentes a los Consejos Consultivos de Iberdrola en Castilla y León, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana". En ellas figura la firma de José Antonio del Olmo.

El pasado noviembre, el juez instructor dio por concluida la investigación y declaró que "existen indicios suficientes de que los datos consignados en las facturas divulgadas por El Confidencial constituyen secreto empresarial, dado que tales datos eran confidenciales".

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"No eran datos de general conocimiento ni fácilmente accesibles y algunos de ellos tenían carácter personal, conforme a la normativa en materia de protección de datos", indicaba la resolución judicial.

"La actividad a la que se refieren las facturas es perfectamente lícita", añadía el instructor.

"El órgano al que las facturas corresponden es exclusivo en la estructura organizativa de la recurrente, el Consejo Consultivo de Castilla y León, y ofrecía un valor económico para la compañía -en términos de ventaja o rentabilidad económica-, lo que explica el carácter reservado de las dietas a percibir por los miembros".

El juez aludió al "deber de guardar reserva que pesaba sobre el investigado", José Antonio del Olmo.

"Hay indicios de la autoría de Olmo en su filtración al citado medio de comunicación dado que, en el año 2004, como director de control de funciones corporativas de Iberdrola y, por razón de su cargo, tenía acceso a las referidas facturas", señalaba.