Ábalos pide personarse en el caso Koldo y desacredita la auditoría que le señala: "Hay sesgos evidentes"

Así lo expone un peritaje elaborado por una experta en Compliance y varios documentos que ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que, de hecho, ha solicitado poder personarse "como perjudicado" en esta causa.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los más de 45 folios enviados por Ábalos al Juzgado Central de Instrucción número 2, que han sido remitidos al magistrado, además, en plena escalada de los rumores sobre la posible imputación del exministro.

En efecto, el juez Moreno deberá valorar si solicita o no al Supremo que atribuya la condición de investigado al exministro, ya que sigue aforado ante el Alto Tribunal al ser diputado en el Congreso. Una de las acusaciones populares así lo ha pedido ya.

El motivo por el que José Luis Ábalos pide personarse en el caso Koldo no es otro que la filtración a la prensa de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Sin estar afectado en la investigación, siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa", expone uno de los dos escritos enviados al juez.

Europa Press

[Una acusación pide imputar a Ábalos por los "indicios" contra él de la auditoría de Transportes]

A lo largo de toda la documentación remitida al Juzgado, la defensa de Ábalos critica que, "bajo la cobertura de una pretendida auditoría", se le haga responsable de las aparentes irregularidades detectadas en la adjudicación de los contratos investigados en el caso Koldo.

El análisis de los mismos, encargado por Puente, concluyó que su antecesor al frente del Ministerio de Transportes, en tan sólo 38 minutos, había ordenado duplicar, de cuatro a ocho millones de mascarillas, el encargo realizado a la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama investigada.

Por tanto, la auditoría concluyó que el Ministerio, en 2020, con Ábalos al frente, adecuó su pedido a la oferta que había hecho llegar la compañía, que era, precisamente, de ocho millones de cubrebocas. De hecho, el dosier recoge que el asesor de mayor confianza del exministro, Koldo García, advirtió de que "el proveedor [Soluciones] ofrece ocho millones [de mascarillas] o nada". 

Asimismo, el abogado de Ábalos critica que el Ministerio de Transportes de Puente hiciera público el informe con las conclusiones de la auditoría, que el juez recientemente solicitó e incorporó al sumario de la causa. "Debería tener sólo la virtualidad de control interno", señala sobre el documento. "Tiene falta de metodología como auditoría", incide.

En definitiva, la defensa del exministro critica que la auditoría, "ordenada casi cuatro años después de las contrataciones" a Soluciones de Gestión SL, es "instrumental", "buscando exclusivamente la fijación estanca de responsabilidades en el señor Ábalos".

Por todo ello, pese a no ser el "perjudicado directo" por los delitos investigados en esta causa, el extitular de Transportes sí se considera "víctima" de "circunstancias que se derivan de su comisión". Concretamente, por las filtraciones de determinados extremos del sumario y por la difusión de la auditoría encargada por Puente "para generar perjuicio y, probablemente, eludir otras responsabilidades".

"Sesgos de valor"

Las conclusiones del peritaje encargado por Ábalos contradicen las de la auditoría de Puente. La experta en Compliance contratada por el exministro señala que los dos contratos firmados entre Transportes y Soluciones de Gestión SL se rubricaron "conforme a la normativa vigente" y a la "legislación dentro de la situación de excepcionalidad que provocó la pandemia [de la Covid-19]".

Este peritaje, además, recuerda que el precio unitario de cada mascarilla (2,5 euros) es inferior a la media del mercado en aquel momento. Ahora bien, el Ministerio de Ábalos ignoró ofertas de otras empresas que ofrecían mascarillas más baratas y prometían suministrarlas en un plazo inferior. 

La experta en Compliance contratada por Ábalos critica que la auditoría incluya "juicios de valor" y "sesgos de valor, en los que las conclusiones parecen estar influenciadas por las expectativas previas del auditor". Tampoco —critica el peritaje— se justifica por qué fueron interrogados unos funcionarios y altos cargos de Transporte y no otros y si éstos fueron informados de que formaban parte de una auditoría interna oficial, "lo que compromete su objetividad y fiabilidad".