Guilarte contradice a Sánchez y afirma que los nombramientos judiciales "deben seguir en el CGPJ"

Guilarte ha remitido hoy a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

En ella precisa que los nombramientos de altos cargos judiciales es una facultad del CGPJ y "debe seguir residenciada" en este órgano "por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 Constitución”.

"No es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”, afirma.

El presidente en funciones del CGPJ recuerda que el Tribunal Constitucional ya estableció en 1986, en la sentencia en la que avaló la elección parlamentaria de los vocales, que las funciones que "obligadamente ha de asumir el Consejo" son aquellas que "más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales", entre ellas los nombramientos y ascensos.

Dedo franquista

"Debe tenerse en cuenta", destaca Guilarte, "que con anterioridad a la Ley Orgánica del Poder Judicial los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia. No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas".

Considera imprescindible "aclarar este extremo" ante las "dudas" que pueden suscitar las palabras del presidente del Gobierno, "pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo".

No obstante, el vocal del CGPJ y presidente en funciones admite que han sido las manifestaciones de Sánchez las que han motivado que se dirija, por segunda vez, a las Cámaras en lo que, anuncia, será su "último intento" del que "espero, al menos, se acuse recibo".

La primera propuesta que Guilarte dirigió a las Cortes el pasado 23 de abril ni siquiera mereció el acuse de recibo de Francina Armengol, presidenta del Congreso, ni Pedro Rollán, presidente del Senado.

En el nuevo documento, Guilarte insiste en que las presidencias de Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Salas de TSJ pueden ser designadas por elección de los jueces del territorio, siguiendo el modelo "exitoso" de los jueces decanos.

El papel del CGPJ se limitaría a convocar y organizar el proceso electoral y "ratificar al candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias".

Alternativamente, plantea que las presidencias de las Audiencias Provinciales se ejerzan de manera rotatoria por los presidentes de las secciones, cambiando cada dos años. 

A su vez, las presidencias de Salas del TSJ se integrarían por rotación de dos años por cada presidente de las secciones que componen cada una de las salas. Si hubiera una única Sala, la presidiría por rotación cada dos años uno de sus miembros.

La presidencia de los TSJ también podría hacerse por rotación entre los presidentes de sus Salas.

"Una última alternativa, igualmente objetiva, radicaría en seguir criterios de antigüedad y no tanto rotarios para proceder a las designaciones" de esos cargos judiciales, apunta Vicente Guilarte.

Jueces del Supremo

En cuanto a los magistrados del Tribunal Supremo, el nuevo escrito reitera el contenido de la primera propuesta para que los miembros de la cúpula judicial sean elegidos por comisiones específicas de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenezca la vacante.

De los cinco miembros de la comisión, tres serían vocales o magistrados del TS, éstos por sorteo inicial y ulterior turno rotatorio.

Los otros dos serían "profesionales cualificados en función de la Sala afectada". La propuesta no concreta quiénes serían esos profesionales ni cómo serían elegidos.

Como novedad, Guilarte ha añadido que "para ser plenamente consecuentes con el artículo 122.2 de la Constitución, podría establecerse que la comisión hiciera una propuesta de nombramiento, necesariamente motivada, que sería elevada al Pleno del CGPJ y que éste podría rechazar mediante acuerdo motivado". En este caso, se abriría un nuevo proceso para el nombramiento.

"De forma totalmente coyuntural, para salir hoy del paso", plantea recurrir al sorteo entre los actuales candidatos judiciales vigentes. Guilarte especifica que aún quedan 39 de los 50 jueces y magistrados inicialmente propuestos para las 12 vocalías que deben ser ocupadas por miembros de la carrera judicial.