Guilarte envía a las Cortes una propuesta para superar la confrontación en la renovación del CGPJ

Se trata de una propuesta realizada "a título particular", que no expresa la posición del órgano de gobierno de los jueces. Es, explica, "mi aportación a la solución del problema", una "salida a la confrontación" entre las dos fuerzas políticas mayoritarias sobre la renovación del CGPJ, en prórroga de funciones desde diciembre de 2018.

Guilarte comienza criticando el "lamentable pero universal desencuentro" entre PSOE y PP y deja claro que "no somos nosotros, el actual CGPJ, los culpables de la situación".

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Por ello, "no cabe exigirnos conducta alguna encaminada a suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación", dice en referencia a las peticiones de dimisión colectiva de los vocales.

"La inutilidad de la ejemplar dimisión del presidente Carlos Lesmes y, sobre todo, el evidente fracaso de la iniciativa propiciada por la Ley Orgánica 4/2021, que ha sumido en una situación dramática, entre otras consecuencias, a las Salas del Tribunal Supremo, debieran mover a la autocrítica a quienes la pergeñaron en lugar de propagar la oportunidad de conductas ajenas con las que enmascar su inacción", añade Guilarte en referencia a la ley que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos de altos cargos judiciales.

Fórmula parlamentaria o corporativa

Guilarte no se pronuncia sobre la mayor o menor idoneidad de las fórmulas parlamentaria o corporativa para la elección de los miembros del CGPJ.

Señala, a este respecto, que "frente a la legitimación parlamentaria –la doble legitimación, ya que los miembros de la carrera judicial intervienen en la inicial selección de los vocales judiciales— en que se funda el modelo actual, ampliamente argumentada, resultan también ciertas las recomendaciones de la Comisión Europea haciendo ver que en los Consejos de composición mixta es aconsejable que los vocales judiciales sean elegidos por sus pares".

Añade que "no puede negarse" que la elección parlamentaria ha generado, "y cada vez más", dificultades de renovación que con la elección corporativa de los vocales judiciales no se producirían.

Pero, incluso con la elección de los vocales judiciales por la carrera, la necesidad de un acuerdo político persistiría respecto a los ocho vocales juristas, "pues no cabe imaginar un CGPJ cuya composición y funcionamiento arranque sectorialmente".

"Diluir la injerencia política"

A su juicio, la cuestión no es optar por una u otra fórmula de renovación sino buscar "soluciones intermedias" que permitan alcanzar tanto el principal objetivo de renovar el CGPJ como de "diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente".

Su idea se basa en "dar más protagonismo a la carrera judicial" a los expertos ajenos a ella en los nombramientos judiciales discrecionales.

A su juicio, ello es constitucionalmente posible porque el artículo 122.2 de la Norma Fundamental remite a una ley orgánica el ejercicio de la competencia del CGPJ en materia de nombramientos.

En su propuesta, "persiste residenciada en el Consejo la competencia para convocar y organizar los procesos de selección y designación garantizando su correcto funcionamiento, así como proponer el nombramiento del elegido".

De esta forma, plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los cargos de presidente de la Audiencia Nacional, presidentes de Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, de los TSJ y del Tribunal Supremo sean elegidos por "todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir aquéllos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas".

Con esa propuesta "se dota a los jueces de un mecanismo de participación directa en una de las principales competencias que ejerce el CGPJ, competencia que, por su conocimiento directo de los candidatos, están plenamente capacitados para ejercer", afirma.

La "mácula" de los jueces del TS

Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo, Guilarte plantea que sean nombrados "por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del TS, presidida por un vocal magistrado del TS, si lo hay, o especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS, caso contrario".

La Comisión estaría compuesta por cinco miembros "de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso".

En ella se integrarían "vocales del CGPJ si reunieran la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos".

"Caso contrario, hasta alcanzar el número de tres miembros de la Comisión, serían designados magistrados del TS por sorteo y turno rotatorio", añade.

De esta manera, la carrera judicial tendría un "peso decisivo" en la conformación de estas Comisiones.

Los otros dos miembros serían profesionales cualificados, ajenos a la carrera judicial, en función de la Sala afectada.

Como ejemplo, el documento señala que la Comisión para elegir a un magistrado de la Sala Civil podría completarse con un catedrático de la especialidad que tuviera, al menos, 20 años de antigüedad en el cuerpo y por un letrado en ejercicio con acreditada experiencia casacional.

Podría formar parte de la Comisión para valorar las plazas de la Sala Penal del Supremo un fiscal de Sala, de igual manera que para la Sala Tercera pudiera integrarse en la Comisión un abogado del Estado con experiencia casacional.

"El modelo admite otras muchas posibilidades que, en todo caso, deben ir encaminadas a evitar la 'mácula' política de los nombrados y a potenciar que impere el mérito y capacidad en la composición del Alto Tribunal", explica Guilarte.

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A su parecer, los más de cien nombramientos judiciales ahora pendientes deberían efectuarse por el nuevo CGPJ tras abordarse "de manera urgente" una modificación legal, de manera que "una vez renovado el Consejo se pudiera proceder bajo los nuevos parámetros de objetividad al nombramiento de todas las plazas discrecionales vacantes".

"El compromiso político, en el momento de la renovación, debiera ser que no se sacaran las plazas vacantes a concurso en tanto no se arbitraran las formas de objetivar los nombramientos discrecionales, las que propongo o cualesquiera otras imaginables", indica.

Cambios para los vocales

Guilarte también cree necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que pueda ser designado aquel integrante del CGPJ un jurista o un miembro de la carrera judicial que en los años inmediatamente anteriores hayan detentado un cargo político.

Asimismo, considera que habría que repartir "de forma equitativa" el número de vocales judiciales entre los que estén afiliados a asociaciones judiciales y los no asociados.

Sobre los vocales juristas, sostiene que "han de ser de efectivo y reconocido prestigio y sería recomendable, bajo la fórmula reglamentaria que se articule, que se integraran en el CGPJ letrados en ejercicio".