El juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, ha ordenado a los investigados en esta causa que, en el plazo de un día, comuniquen a través de sus abogados dónde viven a fin de citarles a declarar, lo que se producirá próximamente.

Una resolución, fechada este martes, reclama sus "direcciones inequívocas". Ahora, tendrán 24 horas para responder al Juzgado Central de Instrucción número 6 las siguientes personas: Marta Rovira, Josep Lluís Alay, Marta Molina, Oriol Soler, Oleguer Serra, Xavier Vendrell y Josep Campmajó.

Tal y como establece el documento, en el caso de tres de los investigados, serán las fuerzas de seguridad las encargadas de averiguar su domicilio y paradero. Se trata de Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip y Nicola Flavio Giulio Foglia. Este último es un banquero italiano al que la Guardia Civil señala en uno de sus informes por haber colaborado, supuestamente, en la financiación de Tsunami Democràtic a través de Suiza.

En esta causa, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha investigado los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista que da nombre al caso. Entre ellos, el colapso del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en octubre de 2019 o varios cortes de carreteras.

Todos los imputados mencionados lo están por un supuesto delito de terrorismo. Existen, a su vez, otros dos investigados en el caso Tsunami Democràtic: el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament catalán Rubén Wagensberg.

Al tratarse de dos dirigentes aforados —el primero es actualmente eurodiputado y se presentará como candidato de Junts a las catalanas—, el Tribunal Supremo asumió la causa contra ellos.

El 'caso Tsunami'

En el llamado caso Tsunami Democràtic, García-Castellón investiga las acciones violentas organizadas por esta plataforma independentista. A su juicio, los hechos mencionados podrían constituir un delito de terrorismo.

Por contra, el hasta ahora fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, sostiene que los hechos constituyen, a lo sumo, un delito de desórdenes públicos y, por tanto, deberían ser investigados en un juzgado de Barcelona, al descartar el terrorismo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal jerárquicamente superior al instructor, apoya a este último. No obstante, Carballo acaba de ser nombrado fiscal jefe de Ciudad Real, por lo que ya no es el representante del Ministerio Público en esta causa judicial.

Además del colapso de El Prat, la Justicia investiga otras acciones, como el corte del paso fronterizo de La Junquera, en la AP-7. Ambas protestas sucedieron a finales de 2019, como reacción a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés.

Así las cosas, el Supremo continuará la instrucción del caso Tsunami en lo relativo a Puigdemont y a Wagensberg y García-Castellón, respecto del resto de investigados, entre los que se encuentra Marta Molina. Al igual que su compañero de partido, Marta Rovira, secretaria general de ERC, vive en Suiza y el magistrado ya la ha reprendido por ser poco clara a la hora de comunicar cuál es su residencia.

El 'caso Tsunami' y la amnistía

Por otro lado, el caso Tsunami es una de las causas que se verán afectadas, de una forma u otra, por la Ley de Amnistía, aprobada ya por el Congreso de los Diputados, tras ser redactada a la medida de Carles Puigdemont.

Tanto es así que el pasado 30 de enero, contra todo pronóstico, Junts, el partido encabezado por el expresident, acabó tumbando la norma al considerar que no daba una cobertura suficiente al líder de la formación.

Eso llevó a la ley, de nuevo, a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para seguirla negociando. Y, finalmente, la amnistía diseñada ad hoc fue aprobada por la Cámara Baja, con 178 votos a favor y 172 noes.

La norma se tramita ahora en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. No obstante, ello no impedirá que la amnistía acabe regresando al Congreso, sea aprobada de nuevo y entre en vigor.

Durante la negociación, una y otra vez, el PSOE aseguró que no modificaría las partes de la Ley de Amnistía relacionadas con el terrorismo, delito por el que está investigado Puigdemont y el resto de imputados en el caso Tsunami. Los socialistas consideraban que, de hacerlo, la norma podría acabar siendo tumbada por el Tribunal Constitucional o por los tribunales europeos.

Ahora bien, el texto aprobado ya por el Congreso supone la rectificación radical del Gobierno, que acepta que se incluyan como amnistiables delitos de terrorismo, sin que el articulado haga referencia al Código Penal; sólo a la definición de este delito dada por los tratados europeos.