Bolaños agiliza por decreto ley las reformas digitales y procesales frustradas por el adelanto electoral

Se trata de un real decreto-ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que se publicará mañana en el BOE.

Su aprobación antes de fin de año era uno de los compromisos de España con la Comisión Europea para la recepción del cuarto desembolso de los fondos Next Generation EU, por un importe de 10.000 millones de euros, según ha explicado el ministro Félix Bolaños tras el Consejo de Ministros.

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Por lo que se refiere a la Administración de Justicia, las medidas que entrarán en vigor de forma inmediata se articulan en dos bloques: el primero, para adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; el segundo, para garantizar procedimientos más ágiles ante el aumento de litigiosidad.

Medidas tecnológicas

En cuanto al primer bloque, se consolida el derecho de los ciudadanos y los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. 

En concreto, la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no será una excepción, sino la norma, con el consiguiente ahorro en desplazamientos. Cuestiones como una jura de nacionalidad, la atención a víctimas o las conciliaciones previas, se podrán llevar a cabo por videoconferencia en lugares seguros.

Se crea la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquiera persona consultar los expedientes en los que sea parte o interesada, así como conocer sus señalamientos o pedir cita previa.

También se potencia el Expediente Judicial Electrónico orientado al dato, que reúne el conjunto de documentos, trámites, actuaciones electrónicas o grabaciones audiovisuales que componen cada procedimiento judicial, impulsando la robotización de sus procesos y aplicando soluciones de inteligencia artificial.

Asimismo, se establece la interoperabilidad mediante el intercambio, de manera automática, de expedientes electrónicos entre órganos judiciales o fiscales y la interoperabilidad de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones Públicas.

La administración de Justicia deja de estar orientada al documento y pasa a estar orientada al dato. Esto facilitará el análisis de los numerosos datos que genera la Administración de Justicia, su publicación y, en su caso, reutilización.

Medidas procesales

Respecto a las medidas destinadas a la eficiencia procesal, el decreto ley recoge prácticamente en su totalidad el informe de la ponencia elaborada por la Comisión de Justicia del Congreso en la anterior legislatura, a excepción de lo relativo a los medios alternativos de solución de conflictos (MASC).

La regulación de los MASC y la ley de eficiencia organizativa, que prevé un cambio radical de la estructura judicial mediante la implantación de los tribunales de instancia, se aprobarán el próximo año, según fuentes de Justicia.

En el real decreto ley aprobado hoy se prevé la generalización de la celebración telemática de actos procesales, incluidos los de la jurisdicción penal, aunque con excepciones.

En los ámbitos contencioso-administrativo, civil y laboral, se incorpora el 'procedimiento testigo', que agiliza los asuntos en los que se han presentado numerosas demandas idénticas.