El exnúmero 2 de Justicia reivindica que el Gobierno critique a los jueces: 'Lo exige el equilibrio'

Rodríguez ha enviado al CGPJ las alegaciones que esta institución le pidió después de que el instructor del caso Tsunami Democràtic solicitara el amparo del Consejo ante la "perturbación" causada por unas declaraciones efectuadas el 8 de noviembre por el entonces número dos de Justicia.

Dos días antes, el juez García-Castellón había decidido investigar por presuntos delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic a la dirigente de ERC Marta Rovira y al expresidente catalán Carles Puigdemont. En ese momento, el PSOE estaba negociando con ERC y Junst per Catalunya la investidura de Pedro Sánchez.

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"Yo no tengo ni idea de si [el juez] tiene una razón o no. Pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después. Pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea", manifestó Tontxu Rodríguez en una entrevista radiofónica.

Para García-Castellón, "un órgano ministerial que, por su íntima conexión con el Poder Judicial y su Gobierno, ostenta una capacidad de influencia sobre los jueces, y cuyas manifestaciones señalando y calificando la actuación de uno de sus integrantes, le sitúan en una posición particularmente perturbadora".

En su petición de amparo, el juez instructor de la Audiencia Nacional sostiene que las manifestaciones del entonces número 2 del Ministerio de Justicia "podrían suponer la imputación manifiesta de la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de 'influir', extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisión".

Rodríguez replica en su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que "parece deducirse" del planteamiento del juez García-Castellón que un secretario de Estado de Justicia "no está facultado para valorar en modo alguno el contenido de la actividad judicial".

"¿De dónde ha extraído el juez instructor que un integrante de otro poder del Estado -y por ese sólo hecho- no puede criticar la actividad llevada a cabo por integrantes del, en este caso, Poder Judicial?", interpela.

"El equilibrio entre poderes exige critica, discusión, valoración", afirma, "y en ningún caso surge una especie de incompatibilidad referida a la libertad de expresión por la pertenencia a un poder del Estado. Más aún, alarma que un magistrado pueda, por más que sea tácitamente, sostener semejante tesis".

Libertad de expresión

Para Rodríguez, lo que plantea García-Castellón "es algo que un Estado democrático no puede aceptar: que los responsables
de la organización del Estado callen, que sean mudos ante acontecimientos acaecidos en otros poderes".

A este respecto, asume que en sus manifestaciones hubo "crítica. sí",  pero "manifestaciones con la suficiente gravedad como para afectar la independencia, no. Simplemente legítimo ejercicio de la libertad de expresión".

En su opinión, la entrevista trató cuestiones de indudable interés informativo "como consecuencia de diversas manifestaciones o comunicados dirigidos desde distintos sectores de la Justicia, a otros poderes del Estado y también a Europa", en los que se hacían "falsas manifestaciones" sobre la fortaleza del Estado de derecho en España.

A su juicio, se estaba "creando una situación de desconfianza en la opinión pública sobre el funcionamiento de las instituciones y los poderes del Estado, absolutamente irreal y falsaria".

Un CGPJ "partidista"

"Es en ese contexto en el que deben entenderse las manifestaciones
realizadas, ya que el órgano de gestión de los jueces realiza valoraciones de naturaleza eminentemente políticas, y por supuesto partidistas", contraataca Rodríguez.

Pero, en todo, caso, el exalto cargo de Justicia niega que tratara de influir o perturbar al juez del caso Tsunami ("mal juez sería aquel que se dejara influir por declaraciones o decisiones de orden exclusivamente político") o que le acusara de prevaricación, lo que considera "un exceso más que notorio".

Sus manifestaciones "no son perturbación de independencia sino ejercicio de un derecho constitucional". Y la petición de amparo de García-Castellón "pretende silenciar críticas, desalentar valoraciones
respetuosas con el Poder Judicial, impedir el ejercicio de la libertad de expresión".