El Consejo de Estado pide al Gobierno un uso "justificado" del trámite de urgencia para dictámenes

El máximo órgano consultivo del Gobierno está preocupado por la "intensificación" de la petición urgente de los dictámenes, que "no responde en muchas ocasiones a una suficiente y razonada motivación de la urgencia".

El plazo ordinario de emisión de los dictámenes es de dos meses, pero puede limitarse a 15 días si el Gobierno hace constar su urgencia e incluso reducirse a menos de 10 días, lo que significa que el asunto es despachado por la Comisión Permanente aunque sea competencia del Pleno, eludiéndose, por tanto, el pronunciamiento de éste.

[Sánchez renueva el Consejo de Estado con el PP y rehabilita a Elena Valenciano]

No es la primera vez que el Consejo de Estado se queja del abuso inmotivado del trámite de urgencia. Lo hizo, con nulo resultado, en las Memorias de 1984 y 1990, cuando advirtió de que una "premura excesiva" puede afectar a la calidad de la consulta.

Urgencia tras 5 años de trámite

Lo llamativo es que la declaración de urgencia se hace en muchas ocasiones respecto a asuntos cuya tramitación anterior ha experimentado una notoria lentitud.

Como muestra, el anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, del Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño.

El 8 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros acordó solicitar que el dictamen del Consejo de Estado fuera sea emitido "no más tarde del día 17 de noviembre de 2022".

El Consejo de Estado aprobó el dictamen en plazo, no sin subrayar "la conveniencia y necesidad de hacer un uso prudente y meditado de las declaraciones de urgencia" ya que el proyecto se inició a principios del año 2017. Esto es, su tramitación ocupó más de cinco años y medio antes de llegar el Consejo de Estado.

Un año después, el proyecto aún no ha sido aprobado por el Parlamento al haber sido uno de los afectados por el adelanto electoral.

"La urgencia es una regla excepcional dentro del procedimiento
consultivo, luego conviene que su empleo se halle motivado en la
orden de remisión o en la Memoria de análisis de impacto normativo
(MAIN), preferiblemente en ambas", concluye la Memoria que ha coordinado Paz de Andrés.

El documento llama la atención sobre la "posible afectación a la seguridad jurídica y a los derechos de los administrados" y destaca que "mal se compadece con la urgencia en la petición de un dictamen el extremo de que ese mismo procedimiento acumule casi cinco años de tramitación e incluso provenga de un anterior texto similar que fue objeto de anulación judicial por causas formales".

"El procedimiento de elaboración de las disposiciones generales no es una carrera de obstáculos contra reloj, sino una garantía del acierto y oportunidad de la disposición de que se trate", añade. 

El dictamen del Consejo de Estado, en el que intervienen un mínimo de 10 personas y un máximo de 30, "representa la garantía última de que el proyecto ha sido contrastado y aquilatado en la forma ordenada para una disposición general", afirma.

Un seguimiento "atento" del Plan Anual Normativo aprobado por el Gobierno, señala, "permitiría una mucho más efectiva gestión de la tramitación de los proyectos de disposiciones generales".

Aumento de consultas

La Memoria refleja un aumento sostenido de la actividad del Consejo de Estado, que recibió 2.118 consultas (122 de ellas con carácter de urgencia) frente a las 1.303 del pasado año.

La Comisión Permanente despachó 2.075 expedientes. "Aquí no hay ni sábados, ni domingos ni fiestas de guardar", ha manifestado Valerio respecto a la premura con la que en ocasiones trabaja el Consejo de Estado.

Al menos le hacen caso. Cada vez más. Si la Memoria de 2021 reflejaba que el 97,27% de los dictámenes emitidos habían sido secundados por los organismos consultantes, ese porcentaje se ha elevado al 98,12% en la Memoria de 2022.