El juez de 'Tsunami' envía una petición a Suiza para localizar a Marta Rovira, huida de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha enviado una petición a las autoridades suizas para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la Justicia española en ese país.

La dirigente catalana está imputada por delitos de terrorismo en el llamado caso Tsunami Democrátic, en el que García-Castellón investiga los disturbios violentos provocados por la plataforma independentista de ese nombre, tales como el colapso del Aeropuerto de El Prat en 2019 o varios cortes de carreteras.

En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada este martes, el juez se dirige a las autoridades suizas. "Se tiene conocimiento, al resultar un público y notorio, que la investigada Marta Rovira Vergés reside en el territorio de Suiza", expone. Por ello, solicita a la Policía helvética que le facilite "los datos que permitan la localización de la investigada".

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Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, el juez García-Castellón sitúa a Marta Rovira tras la "organización" y las labores de "coordinación" de Tsunami Democràtic, así como nexo de la plataforma independentista con su partido, Esquerra Republicana.

Así lo señaló un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, tras analizar decenas de chats cifrados en los que participaba Rovira junto a otros dirigentes políticos, periodistas y empresarios vinculados a Tsunami. Para mantener oculta su identidad, la secretaria general de ERC usaba el alias de Matagalls.

Asimismo, el juez García-Castellón también pide a las autoridades suizas información sobre los movimientos y los titulares y autorizados de una cuenta bancaria que habría sido utilizada para sufragar parcialmente el asalto al Aeropuerto de El Prat, el segundo más importante de España.

Aquella protesta, convocada contra la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, reunió a más de 8.000 personas en la Terminal 1. Los manifestantes —algunos de ellos, ataviados con pasamontañas— también bloquearon el acceso por carretera a la torre de control del Aeropuerto de El Prat, lo que impedía que los controladores aéreos pudieran salir de las instalaciones y no se produjese su relevo.

La acción de bloqueo del aeropuerto de El Prat en otoño de 2019, por parte de Tsunami. Efe

"Existía el peligro de que si no se conseguía el relevo de los controladores aéreos se pudiera cerrar el tránsito aéreo del aeropuerto", rememora el juez. A renglón seguido, destaca "la violencia empleada en la acción" y el lanzamiento de "objetos de gran peligrosidad", como extintores, adoquines, pirotecnia y botellas de cristal contra los Mossos d'Esquadra, que fueron asistidos por la Policía Nacional.

García-Castellón también recuerda en su auto que Suiza firmó en 2019 el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, por lo que debería colaborar con la Justicia española al tratarse de una investigación por este supuesto delito. Por ello, García-Castellón solicita a las autoridades helvéticas que colaboren en la localización de Rovira, a la que el juez citó a declarar como investigada. Es la segunda vez que el juez pide colaboración al país; ya lo hizo en 2019, sin éxito.

¿Terrorismo?

La tesis del magistrado es que Tsunami Democrátic fue una "organización" estable y jerarquizada. En ese sentido, choca frontalmente con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sostiene que la plataforma tenía una estructura "coral".

De hecho, el fiscal encargado de este caso ha recurrido el auto del juez en el que se imputa por terrorismo a Marta Rovira y a otros dirigentes, entre los cuales se encuentra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados no constituyen delitos de terrorismo, por lo que dicha causa debería ser enviada a un juzgado de Barcelona.

No obstante, el juez García-Castellón envió este martes el procedimiento al Tribunal Supremo, tal y como le había solicitado la acusación popular ejercida por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ). DyJ lo solicitó debido a la condición de eurodiputado de Carles Puigdemont.