Anticorrupción y el PSOE piden volver a imputar a la exconsejera Lucía Figar en el 'caso Púnica'

Así consta en un recurso, presentado ante la Sala de lo Penal y que avanza EL ESPAÑOL. El PSOE, que ejerce la acusación popular en este caso, se ha adherido al mismo.

Tanto el Partido Socialista como el Ministerio Público solicitan que, además de Figar, vuelvan a ser investigados en la pieza 10 de esta causa el exviceconsejero de Educación entre 2014 y 2015 Manuel Pérez, el que fuera director de Prensa de la Consejería de Educación Pablo Balbín y el empleado de comunicación y director en 2014 de la Fundación para el Conocimiento Madri+D Luis Sánchez Álvarez.

También, el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa y la empleada en dicho consistorio María Teresa Alonso-Majagranzas. Ambas acusaciones solicitan que los seis vuelvan a ser imputados y, así, puedan sentarse en el banquillo como acusados.

Todos estos investigados ya han sido exonerados por el juez que ha instruido la causa, Manuel García-Castellón. De hecho, antes de dirigirse a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Anticorrupción recurrió ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es García-Castellón, quien se reiteró en su decisión de archivar el caso Púnica para todos ellos.

[El juez de 'Púnica' vuelve a archivar la causa para la exconsejera del PP de Madrid Lucía Figar]

En esta pieza 10, la Justicia ha investigado los servicios de reputación online que disfrutaron dirigentes del PP madrileño y que habrían sido financiados a través del erario público. La que se encargó de estos servicios fue la empresa EICO, propiedad del considerado como cerebro de la Púnica, el informático Alejandro de Pedro, que previsiblemente se sentará en el banquillo de los acusados por estos hechos.

Ahora bien, el magistrado consideró, tajante, que no quedó probado "que los servicios contratados desde la Consejería de Educación" a una de las empresas de De Pedro "tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio de la persona física Lucía Figar, como si fuera un ente separado de su cargo o la institución que representaba". Es decir, García-Castellón sostiene que se trató de una actividad en el marco de la labor de Figar como consejera de Educación.

La Fiscalía y el PSOE sostienen la tesis contraria y consideran que el juez "no motiva su decisión exculpatoria". "La prueba recabada causa evidencia de los acuerdos (...) para que los fondos públicos abonasen subrepticiamente un trabajo que EICO realizaba para la investigada Lucía Figar", señala el recurso de Anticorrupción, que insiste en el "carácter personal" de estos servicios.

"No hay duda de que era un trabajo personal realizado para aquella investigada", concluye. "También se le creaban redes sociales que manejaban los propios trabajadores de EICO. (...) Todos estos servicios los pagaban encubiertamente los fondos públicos, con la participación de Pablo Balbín, Luis Sánchez y Manuel Pérez", añade.

De hecho, la Fiscalía considera que el posicionamiento SEO en buscadores de Internet de estos "informes de reputación" habría vulnerado el artículo 20 de la Constitución Española. Se trata del que consagra el derecho de los ciudadanos a recibir libremente información veraz. 

Por todo ello, Anticorrupción considera que estos hechos constituyen los delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental, entre otros. El PSOE, de hecho, subraya la "deficiente argumentación" del auto de García-Castellón que sobresee la causa para estos investigados.

Según la Fiscalía, tanto Ignacio García de Vinuesa como la empleada María Teresa Alonso-Majagranzas también aceptaron que EICO realizase "trabajos de reputación personal online" en favor de la imagen del exalcalde, "que abonaría de forma encubierta el presupuesto del Patronato adscrito al Ayuntamiento de Alcobendas". Y, de acuerdo con Anticorrupción, habrían efectuado "facturas con conceptos ambiguos" para encubrirlos.

Archivo de 'Púnica'

A mediados del pasado octubre, el juez de esta causa, Manuel García-Castellón, exoneró a Lucía Figar tras terminar su instrucción. No obstante, sí propuso mandar a juicio a, entre otros, el exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.

También se libró del banquillo Esperanza Aguirre. De hecho, Anticorrupción no formuló su acusación contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"Lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los [hechos investigados]", concluyó García-Castellón, quien recordó que los supuestos delitos electorales vinculados a las campañas autonómicas de 2007 y 2011 habrían, además, prescrito.

Esperanza Aguirre e Ignacio González, en una imagen de 2012. Europa Press

El magistrado sí reconocía en su auto que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Aguirre se benefició de los servicios de reputación digital y posicionamiento online prestados por las empresas del experto informático De Pedro, uno de los investigados que García-Castellón propone juzgar.

"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razonaba aquel auto.

Lo mismo sucedió con quien fuera sucesor de la dirigente al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a quien el magistrado sobreseyó provisionalmente la causa.

El sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era el político Francisco Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP madrileño.