Pilar Llop pregunta a la Abogacía si puede parar el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria

Llop ha recurrido "por prudencia" al servicio jurídico del Estado tras recibir un escrito de la Asociación de Fiscales, organización de representación mayoritaria en la carrera fiscal, en el que le pide que no eleve al Consejo de Ministros la propuesta de nombramiento de su antecesora, la exministra Dolores Delgado, como fiscal de Sala de memoria democrática y derechos humanos. La AF añade que, si lo hace, la titular de Justicia debería advertir al gabinete de que esa designación puede incurrir en nulidad de pleno Derecho.

Los vocales de la Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en el Consejo Fiscal, órgano que debe informar previamente los nombramientos discrecionales, se negaron el pasado día 8 a pronunciarse sobre la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática porque, según sostuvieron, era necesario iniciar antes un expediente para analizar si Dolores Delgado -una de las cuatro candidatas al cargo- incurre en causa de incompatibilidad.

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Esa incompatibilidad para el cargo derivaría de su relación sentimental con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige un bufete y preside una fundación dedicados a las mismas materias -memoria democrática y derechos humanos- de las que se encargaría su pareja desde una Fiscalía de Sala dedicada a coordinar, precisamente, todas las actuaciones del Ministerio Público en ese ámbito.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Público prohíbe a los fiscales ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

En coherencia con el inciso "a juicio del Consejo Fiscal", el real decreto que regula el funcionamiento de este órgano establece que corresponde a los consejeros, en pleno, "apreciar las posibles incompatibilidades a que se refiere el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como la existencia de causas de prohibición para el ejercicio del cargo".

Álvaro García Ortiz, sin embargo, rechazó retirar el nombramiento del orden del día para analizar la posible incompatibilidad, alegando que la Inspección Fiscal ya había examinado si los candidatos reúnen los requisitos para acceder al cargo.

Para la AF, con esa actuación el fiscal general "ha incumplido de forma palmaria" en la propuesta de nombramiento favorable a Delgado "las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal, al decidir de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad en una de las peticionarias de una plaza de nombramiento discrecional".

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Tras recibir el escrito de la Asociación de Fiscales, Llop decidió pedir un informe a la Abogacía del Estado. La respuesta ha sido que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las normas que regulan las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía no permiten que el Ministerio de Justicia deje de trasladar una propuesta de nombramiento al Consejo de Ministros, que es el órgano al que corresponde decidir sobre la designación.

De acuerdo con el Estatuto, "corresponde al fiscal general del Estado (…) la facultad de proponer al Gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos". En ese esquema, el papel de la ministra de  Justicia es el de llevar al Consejo de Ministros la propuesta para que el Ejecutivo delibere sobre ella y tome el acuerdo que considere procedente.

A la vista del criterio de la Abogacía del Estado, las fuentes consultadas no descartaban que Llop someta este mismo martes al Gobierno la propuesta de nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de memoria democrática y derechos humanos.

Las fuentes consultadas indicaron que no corresponde a la ministra de Justicia determinar si una propuesta de nombramiento procedente del fiscal general incurre o no en nulidad ni tampoco examinar la tramitación que ha seguido en los órganos propios del Ministerio Público.

Señalaron, por ello, que si alguna asociación o algún fiscal que tenga legitimación cree que el procedimiento seguido, la propuesta realizada por el fiscal general o el eventual nombramiento son ilegales son los tribunales, y no el Ejecutivo, los que deben resolver el contencioso.

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