El TC vuelve a introducir el debate de los recursos de los ERE para admitirlos antes de la nueva campaña

Montalbán ya introdujo el debate sobre la admisión a trámite de esas demandas en la reunión de la Sala Segunda del TC del pasado 22 de mayo, pero optó por sacarlo del orden del día a la vista de las críticas de que ello rompía la neutralidad del tribunal, que no suele tomar decisiones en asuntos políticamente sensibles durante una campaña electoral.

Pasadas las elecciones del 28-M, el orden del día de la siguiente reunión de la Sala Segunda vuelve a incluir las demandas de varios condenados por el fraude de los ERE. La propia Montalbán es la ponente del primer recurso, que marcará la línea que se seguirá con los demás.

[El Constitucional y el Supremo retrasarán a después del 28-M los casos 'políticamente sensibles']

Fuentes del TC han indicado que, una vez superados los comicios municipales y autonómicos, "no podemos seguir esperando indefinidamente" para decidir sobre la admisión de las demandas de los condenados por los ERE, por lo que se quiere aprovechar el paréntesis entre el 28-M y el comienzo de la campaña de las elecciones generales que el presidente del Gobierno ha adelantado al próximo 23 de julio.

Cuestiones de legalidad ordinaria

La admisión de esos recursos - que fueron interpuestos hace pocas semanas, el pasado abril- genera controversia en el seno del TC. Montalbán ha tenido que llevar el asunto a la Sala después de que en la Sección Tercera no hubiera unanimidad para aceptarlos a trámite.

Esa sección está integrada por Montalbán, Laura Díez y César Tolosa. Este último se opuso a la admisión de unos recursos que, a su juicio, se centran en cuestionar la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos realizada por el Tribunal Supremo, es decir, cuestiones de pura legalidad ordinaria en las que el TC no debería entrometerse.

Es previsible que la admisión tampoco sea pacífica en la Sala el próximo lunes. El debate se limitará a la aceptación a trámite y posible avocación de los recursos al Pleno, que sería el que decidiese si suspende o no la ejecución de las condenas.

Este último extremo es de particular importancia para Griñán, que, a diferencia de otros condenados, aún no ha ingresado en prisión. El último informe del Instituto de Medicina Legal de Sevilla no es favorable a que el expresidente socialista de la Junta de Andalucía ingrese en prisión al considerar que continúa "muy grave" del cáncer de próstata que padece y tendría que recurrir a servicios hospitalarios externos a la prisión para su tratamiento.

[El informe forense aleja de la prisión a Griñán: confirma que sigue "muy grave" por su cáncer]

José Antonio Griñán está condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por malversación agravada de fondos públicos y prevaricación por mantener un procedimiento de reparto de ayudas sociolaborales carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que esos fondos estaban destinados, durante un período de más de diez años y por un elevado importe que ascendió a 679,4 millones de euros.