El 'caso Mascarillas' llega a su fin: el juez no amplía la instrucción y procesará en breve a Medina y Luceño

Adolfo Carretero, el juez que ha investigado el llamado caso Mascarillas, ha descartado ampliar la instrucción y se dispone a procesar a los dos únicos imputados en esta causa, el aristócrata Luis Medina y el empresario Alberto Luceño.

Así consta en un reciente auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. "La presente causa está prácticamente instruida", recuerda Carretero.

El magistrado también señala que los últimos informes policiales ya han sido presentados y la Policía aún podrá enviar Juzgado los restantes una vez la investigación haya finalizado, ya que fueron solicitados por el juez cuando la instrucción aún estaba abierta.

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En el llamado caso Mascarillas, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha investigado la supuesta estafa sufrida por el Ayuntamiento de la capital en la compraventa de guantes, mascarillas y test contra la Covid al inicio de la pandemia.

Los dos únicos investigados en esta causa han sido Luis Medina, hijo de Naty Abascal, y su socio en esta operación comercial, el empresario Alberto Luceño. Ambos cobraron abultadas comisiones por intermediar en esta operación comercial.

Alberto Luceño, en una imagen de archivo.

Así las cosas, la investigación expira el próximo abril. "Ya se ha prolongado bastante y existen indicios más que suficientes como para concretar las imputaciones en el auto de procedimiento abreviado, sin que haya necesidad de prorrogarla sin motivo justificado", indica Carretero. Es decir, una vez termine la instrucción, lo previsible es que Carretero proponga mandar al banquillo de los acusados a Luceño y Medina.

Pese a los intentos del PSOE, Más Madrid y Podemos —personados en este caso como acusaciones populares—, el juez ha descartado en todo momento citar como investigados a funcionarios del Ayuntamiento. Por contra, el magistrado siempre ha considerado al consistorio madrileño como perjudicado de esta supuesta estafa.

'Caso Mascarillas'

A principios de abril de 2022, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid, la empresa pública encargada de adquirir los guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho —a ojos de Fiscalía— "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía con lo acordado.

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La funeraria pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público. Luis Medina cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada.

Su labor se habría limitado a ofrecer material al Ayuntamiento y a facilitar un contacto que, a su vez, recibió, gracias a una amiga en común, por parte del primo del alcalde de Madrid. El empresario Alberto Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los dos comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Por ello, ambos ya están investigados por falsedad documental. En el caso de Luceño, suma ahora un nuevo delito por este motivo en lo relativo a la placa falsa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que la Policía encontró en su casa.

Con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, los dos empresarios habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Además de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez fue interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.