El juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García García-Sotoca, ha admitido la querella criminal que Simona Chambi interpuso contra la jueza de Podemos y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell Aguilar. Chambi, que fue empleada del hogar de Rosell, la acusa de denuncia falsa y simulación de delito, tal y como contó EL ESPAÑOL.
El juez ha expuesto, en un auto del 18 de enero, que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de acusación o denuncia falsa y simulación de delitos".
Simona Chambi, mujer hispano-boliviana que llegó a Gran Canaria en 2005, trabajó en el domicilio de Rosell y el periodista Carlos Sosa desde 2011 hasta 2019. En noviembre de 2022 presentó la querella a la que ahora da respuesta García García-Sotoca, quien ha ordenado que se empiecen a investigar los hechos denunciados.
A su vez, la querella llegó como contestación de Chambi a las denuncias que previamente había interpuesto Rosell contra ella. La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género acusó a su exempleada de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal.
Sin embargo, el tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria archivó el caso al no ver ningún comportamiento que pudiera constituir dichas infracciones penales.
Fue entonces, tras la desestimación de las denuncias de Rosell, cuando Chambi se querelló contra la jueza por haberla denunciado falsamente. Chambi pide tres años de prisión para Rosell y la imposición de 60.000 euros de fianza que puedan funcionar como indemnización "por el lucro cesante y los daños morales sufridos durante los últimos dos años", informa Nius Diario.
Despido improcedente
Durante los casi ocho años que Chambi estuvo sirviendo en casas de Rosell y Sosa, algunos de esos meses asegura que no estuvo dada de alta y cobró en negro. "La nómina de 500 euros que recibía en el banco y que le ingresaba Victoria Rosell era la misma, tanto en los períodos en los que estuvo dada de alta como en los que no, por tanto, ella le pagó en negro", explicó a EL ESPAÑOL una fuente cercana al caso.
Además, Chambi siempre tenía que trabajar cuatro horas y media, en lugar de las cuatro que fijaba su contrato, porque Rosell era "muy exigente", según la versión de su abogado Federico Vicente en una entrevista para Radio Las Palmas.
La trabajadora del hogar expuso su situación tras ser despedida en el verano de 2020, época de pandemia, y en medio de una baja médica por una operación en los ojos. Tras el cese, Chambi presentó una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Canarias.
Su objetivo era cobrar una indemnización por despido improcedente y que se le admitiesen como cotizados los meses que cobró en B, así como que se le contabilizasen las vacaciones en su finiquito, ya que seguía acudiendo a la vivienda de Rosell para darle de comer a su conejo Tambor.
Ni Rosell ni Sosa acudieron al acto de conciliación solicitado, y únicamente comunicaron, a través de su representante legal, que le pagarían 800 euros. Además, Rosell contraatacó con la querella que finalmente fue sobreseída en septiembre.
El delito de denuncia falsa (art. 456.1 CP) está penado de seis meses a dos años de prisión; o de 12 meses a dos años si se imputara delito grave. El delito de simulación de delito (art. 457 CP), por su parte, tiene una pena de seis a doce meses de cárcel.
El siguiente paso tendrá lugar el próximo 20 de febrero: ese día a las 9:30h. el juez Francisco Javier García García-Sotoca ha citado a Simona Chambi para que preste declaración y ratifique su querella contra Rosell.