La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Villarejo por espiar por encargo a un empresario marbellí

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de nueve años de cárcel para el excomisario de Policía José Manuel Villarejo por la pieza número 8 —la denominada Marbella— del caso Tándem.

Concretamente, un lustro de prisión por el delito de cohecho pasivo propio y otros cuatro años por el de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público. Asimismo, pide para él multas que suman 48.000 euros.

Así consta en el escrito de acusación, fechado el pasado 30 de noviembre, firmado por los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En esta pieza del caso Tándem —también llamado caso Villarejo, al ser éste su principal imputado— se investigó si, en 2015, el excomisario, entonces en activo, accedió a bases de datos policiales "no abiertas" para obtener información sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.

Según narra la Fiscalía, la empresaria Marzena Katarzina había contratado al bufete Stuart & Mckenzie, propiedad de Villarejo, para investigar a Zotano y ejercer acciones legales en su contra.

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El conflicto tenía como origen un contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos empresarios habían firmado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga).

Katarzina presentó una querella, tramitada por los Juzgados de Marbella, que acabó siendo archivada. En el encargo también habría colaborado, según Anticorrupción, el socio del comisario en varias de sus empresas, el abogado Rafael Redondo.

La Fiscalía solicita para él un total de cuatro años y nueve meses de cárcel, por los mismos dos supuestos delitos por los que acusa a Villarejo.

Además, por los mismos hechos, Anticorrupción solicita nueve años para el comisario de la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, apodado El Gordo.

El excomisario Enrique García Castaño. Europa Press

Según reza su escrito de acusación, García Castaño, a través de sus subordinados, accedió a datos personales del empresario investigado. Entre esa información, se encontraban todas las escrituras públicas que éste había otorgado ante todos los notarios españoles.

"Destaca la función desempeñada por el encausado Enrique García Castaño, quien, de forma permanente, se prevalía de su privilegiada posición en la estructura policial para poner a disposición de la organización criminal, directamente o a través de sus subordinados y a cambio de dinero en efectivo y otras dádivas en especie que recibía del encausado José Manuel Villarejo, su capacidad de obtención de información para la Policía Nacional española", resume la Fiscalía.

Otro de los encausados a los que la Fiscalía señala es Constancio Riaño, inspector jefe de la Policía Nacional, para quien solicita un total de siete años y medio por haber colaborado, supuestamente, en facilitar dicha información a Villarejo. No obstante, Anticorrupción admite que "no consta" que Riaño recibiese ninguna gratificación por esta tarea.

"Una vez obtenida la información a través de la UCAO, el encausado Constancio Riaño Prieto la remitió a Grupo Cenyt [propiedad de Villarejo, en el que se engloba el bufete Stuart&McKenzie] por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través del encausado Antonio Bonilla Martínez, director de operaciones del mismo, y quien, a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015, al encausado Rafael Redondo", añade la Fiscalía.

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El último de los encausados contra los que se dirige la Fiscalía es Antonio Bonilla, quien fuera director de operaciones de Grupo Cenyt y para quien solicita, en total, cuatro años y nueve meses, además de multas por un valor total de 81.000 euros.

Además, la Fiscalía subraya en su escrito que, en concepto de responsabilidad civil, los encausados deberán indemnizar al empresario al que espiaron, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 3.000 euros.

En caso de impago, "de dicha cantidad responderá subsidiariamente la Administración General del Estado", recuerda la Fiscalía. 

A pesar de que el juez instructor acordase procesar a David Macías, el Ministerio Público señala que, "más allá de su intervención como letrado en los procedimientos seguidos contra Zotano (...), no consta que fuera receptor de ninguno de los datos reservados" relativos al empresario que el resto de encausados consiguieron.

Según refleja Anticorrupción, "no consta" que Katarzina pagase ninguna cantidad a ninguno de los encausados ni al bufete.

"Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por el encausado José Manuel Villarejo y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas", concluye el escrito de los fiscales.