El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d).
La Justicia declara aptos a 500 opositores a Policía suspendidos por Interior en el test de Ortografía
El tribunal de la oposición consideró que los términos 'ciberataque', 'LGTBI', 'reditar' y 'preminente' eran incorrectos, en contra el criterio de la RAE.
17 noviembre, 2022 10:12La Justicia ha declarado aptos a varias decenas de opositores a Policía Nacional que, hace tres años, fueron suspendidos "erróneamente" por el Ministerio del Interior en la prueba de Ortografía.
Así consta en varios autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), fechados a mediados de noviembre y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. No obstante, fueron 500, en idéntica situación, los que impugnaron el resultado de la prueba. A los primeros ya les ha dado la razón la Justicia.
En dichas resoluciones, el TSJM acepta las primeras demandas de extensión de efectos presentadas por este medio millar de aspirantes a Policía, que se examinaron en 2019.
Es decir, la Justicia madrileña reconoce el derecho de cada uno de los opositores a que se aplique a su caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, el pasado mayo, consideró que otros aspirantes de la misma promoción habían sufrido una corrección "errónea" por parte de Interior en dicho test.
Y lo hace aunque estos opositores, que se examinaron en 2019, no presentasen, en su momento, recursos administrativos con los que impugnar la corrección de sus test.
La pasada primavera, aquella sentencia del TSJM concluyó que los términos ciberataque, LGTBI, reditar y preminente estaban correctamente escritos, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española. Y sentenció que Interior desoyó a la Real Academia de la Lengua (RAE) al no darlos por válidos. Sus efectos, ahora, se amplían a estos 500 aspirantes a policía, que sufrieron la misma situación.
"La comparación de datos expuestos permite afirmar, sin temor al equívoco, la identidad de situaciones jurídicas comparadas, por lo que la extensión de efectos pretendida, en consecuencia, resulta completamente viable, pues la situación jurídica de la parte accionante es, ciertamente, idéntica a la de la parte recurrente que obtuvo el pronunciamiento favorable en la sentencia cuya extensión de efectos se pretende", rezan varios autos idénticos del TSJM, consultados por EL ESPAÑOL.
El tribunal, compuesto por Elvira Adoración Rodríguez, Ignacio del Riego y Santiago de Andrés, recuerda que la "parte accionante" —los opositores suspendidos que solicitaron que se aplicara en su caso los efectos de la sentencia de 2019— realizó "el mismo ejercicio de ortografía en el mismo proceso selectivo", en la promoción número 36. Y establece que dicho test "se corrigió de manera errónea" por parte de la Dirección General de Policía Nacional (DGP).
"La consecuencia es que los 500 demandantes serán llamados a seguir examinándose en la convocatoria 39, la recién convocada, y a los que ya son policías por haber aprobado al año siguiente se les tendrán que pagar atrasos y reconocer todos los efectos como si hubieran entrado al Cuerpo en 2021", explica Ángel Galindo, el letrado que ha defendido a los recurrentes, que forman parte de la plataforma #Justicia36.
Fueron los propios opositores los que acusaron a Interior de haber desoído el criterio de la RAE al corregir sus exámenes. La DGP desestimó sus recursos administrativos y, por ello, los aspirantes a policía acudieron a la vía judicial, que les dio la razón el pasado mayo.
Ahora, los efectos de aquella sentencia del TSJM se amplían a cientos de casos. Y todos los que ahora alcancen una nota de 6,2 sobre 10, una vez ya se consideran válidas sus respuestas en el test de Ortografía, gozarán de estos beneficios, aunque no presentasen recursos administrativos.
"Los jueces están acabando con la arbitrariedad en las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía. Miles de jóvenes de toda España confiaron en su Policía y ahora se enteran que se les corrigió el examen de Ortografía ilegalmente", declara a EL ESPAÑOL Galindo, abogado de la plataforma #Justicia36.
